Junts per Catalunya interpuso el pasado 20 de octubre una denuncia penal contra Renfe y Adif ante los tribunales de Vilafranca del Penedès, competentes por razón del territorio donde ocurrieron los hechos. La acción judicial se centra en el accidente ferroviario de Gelida, ocurrido en enero de este año, en el que perdió la vida un maquinista. La denuncia, tramitada a través del bufete del abogado Gonzalo Boye, se presentó exactamente nueve meses después del siniestro.

El portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, situó la demanda en el marco de lo que la formación califica de «crisis estructural» del servicio de Rodalies, aunque la denuncia se circunscribe al suceso de Gelida. Por ese mismo accidente ya existían otras dos denuncias previas ante la justicia.

Cuatro delitos y una extensión al Ministerio de Transportes

Los cargos imputados son homicidio por negligencia grave, lesiones por negligencia grave, delitos contra los derechos de los trabajadores y creación de riesgo catastrófico. La denuncia solicita que se identifique a los responsables dentro de las empresas públicas, aunque sin señalar a ningún directivo en concreto.

La acción judicial también apunta a la Dirección General de Carreteras, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que encabeza Óscar Puente. El motivo es que el muro que se derrumbó sobre la vía y provocó la muerte del maquinista era de titularidad ministerial.

El Govern de Illa rechazó presentar la denuncia pese al mandato parlamentario

El Parlament de Catalunya había instado al Govern de Salvador Illa, mediante una moción aprobada en la cámara, a presentar una denuncia similar en un plazo máximo de cuatro meses. El ejecutivo catalán se negó a hacerlo, lo que llevó a Junts a tomar la iniciativa por su propia cuenta.

El anuncio de la acción judicial se había producido ya el 7 de octubre, durante un pleno del Parlament, semanas antes de formalizarse en los juzgados. La formación quiso dejar claro en la rueda de prensa que la denuncia es independiente del accidente ferroviario de Urda, con el que no tiene relación.

Petición de traspaso integral de Rodalies a la Generalitat

Al hilo de la denuncia, Junts reiteró su reclamación de que el servicio de cercanías pase íntegramente a manos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la empresa pública autonómica, argumentando la falta crónica de inversión y mantenimiento en la red. No es la primera vez que la Generalitat recurre a la vía judicial en este ámbito: en 2016, bajo el gobierno de Carles Puigdemont, el Departament de Territori —cuyo conseller era el actual president del Parlament, Josep Rull— ya denunció a Adif ante la Audiencia Nacional por las carencias inversoras y el deterioro del servicio.