El Ministerio del Interior ha modificado este lunes el protocolo que regula el uso del spray de defensa en la Policía Nacional, desaconsejando con carácter general el empleo del aerosol MK9 en actuaciones de control de masas. La rectificación llega exactamente 28 días después de que el propio ministerio aprobara un protocolo que incorporaba ese mismo dispositivo como medio de orden público, el 19 de octubre. Los mismos mandos que firmaron aquel texto han suscrito ahora la versión que lo contradice.

La controversia se agrava por una compra pública registrada en el Portal de Contratación del Estado: en octubre, Interior adjudicó la adquisición de 790 sprays MK9 por 71.656,20 euros (IVA incluido), justificando expresamente su uso en intervenciones de restablecimiento del orden público. El pliego técnico, redactado en abril con autorización ministerial, y la memoria justificativa de junio avalaban su idoneidad para las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). El destino de ese material, ya adquirido, queda ahora en el aire.

El detonante: la huelga general del 11 de noviembre

El cambio de criterio tiene un contexto inmediato. Durante los piquetes de la huelga general del 11 de noviembre, agentes de la Policía Nacional emplearon gas pimienta para contener episodios de violencia. La respuesta del Gobierno fue abrir investigaciones internas y prohibir el uso de gases lacrimógenos. Veinticuatro horas después, el departamento de Fernando Grande-Marlaska matizó que los sprays ATL seguirían siendo válidos. La nueva redacción del protocolo, aprobada este lunes, establece excepciones ante circunstancias que entrañen peligro inminente y grave, pero mantiene la restricción general.

La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que el ministerio ha cambiado el criterio sin explicar qué circunstancias técnicas han variado en cuatro semanas. El sindicato no cuestiona que las actuaciones policiales estén sujetas a supervisión, sino que reclama que las decisiones se sustenten en informes profesionales y criterios operativos documentados, no en la presión mediática generada por una polémica puntual.

El SUP acude a la Fiscalía y exige instrucciones claras

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha dado un paso más. El jueves pasado presentó un requerimiento formal ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía para conocer el alcance exacto de la orden, sus excepciones y los medios alternativos disponibles. Al día siguiente, el sindicato trasladó el asunto a la Fiscalía General del Estado para que evalúe las consecuencias de la restricción sobre la seguridad y salud de los funcionarios.

La preocupación de los sindicatos apunta a un problema práctico: un agente puede verse cuestionado tanto por emplear el spray en una situación de riesgo como por haber optado por la defensa reglamentaria o la contención física si aquel recurso estaba limitado. El SUP reclama una evaluación de riesgos laborales, formación específica y garantías escritas antes de que la restricción entre en vigor de forma efectiva, y pide la paralización de las nuevas instrucciones hasta que se aclaren sus efectos.

Interior, por su parte, ha precisado que la modificación no afecta a los artificios ATL, que pueden seguir desplegándose en dispositivos de orden público. La distinción entre el aerosol de defensa personal —cuyo uso queda desaconsejado de forma general— y otros medios lacrimógenos es, según el ministerio, el eje central del cambio. Los sindicatos, sin embargo, insisten en que esa distinción no resuelve la incertidumbre operativa a pie de calle.