El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha trasladado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa abierta por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio, que no dispone de evidencias que permitan atribuir aquella avalancha migratoria a una acción «instigada, planeada o coordinada» por las autoridades marroquíes. Así consta en el escrito remitido por el organismo de espionaje a la juez, según publican El Mundo y Libertad Digital.

La posición del CNI choca frontalmente con las conclusiones del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), dependiente de la Policía Nacional, cuyo informe sí apuntó a Rabat como responsable de haber propiciado o facilitado la avalancha. La existencia de dos informes oficiales con lecturas contradictorias sobre los mismos hechos sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición incómoda: la instrucción judicial avanza mientras los organismos del Estado no ofrecen una versión unificada.

La Fiscalía habla de «invasión»

La divergencia entre servicios del Estado se produce en paralelo a un endurecimiento del lenguaje en el seno de la propia Audiencia Nacional. La Fiscalía de ese tribunal ya se ha referido en sus comparecencias ante la magistrada Tardón a los hechos de Ceuta como una «invasión», según La Razón, en términos que el Gobierno de Sánchez ha evitado sistemáticamente en su comunicación pública sobre el episodio.

La causa que instruye Tardón investiga una entrada protagonizada por miles de personas que cruzaron la frontera ceutí en julio de 2026. La calificación jurídica de los hechos —si hubo coordinación exterior, y si esa coordinación puede ser constitutiva de algún delito— es precisamente el núcleo de la instrucción. La respuesta del CNI, negando evidencias de planificación marroquí, refuerza la posición del Ejecutivo pero no cierra el sumario, puesto que la juez dispone también del informe policial que apunta en sentido contrario.

El contraste entre ambos informes oficiales obligará previsiblemente a la magistrada a recabar aclaraciones o nueva documentación antes de poder avanzar en la investigación sobre la responsabilidad de terceros Estados en la crisis migratoria de Ceuta.