La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber transpuesto correctamente la normativa comunitaria de lucha contra el fraude a los fondos europeos. El organismo ejecutivo de la UE considera que la legislación española no tipifica de forma adecuada el delito de malversación de fondos comunitarios, puesto que fija una pena máxima de prisión inferior a la que exige el derecho europeo.

El expediente supone una advertencia formal a Madrid con la amenaza implícita de sanciones económicas si no se corrigen las deficiencias detectadas. En los procedimientos de infracción, la Comisión puede acabar llevando al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar la imposición de multas, cuyo importe puede ser considerable en función de la gravedad y la duración del incumplimiento.

Una transposición incompleta que deja lagunas penales

El núcleo del problema reside en que la directiva europea obliga a los Estados miembros a prever penas máximas de prisión por encima de un umbral mínimo para los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión. La legislación española vigente quedaría por debajo de ese umbral en lo que respecta a la malversación, lo que, según Bruselas, genera una laguna de protección real frente al uso indebido de los fondos comunitarios que llegan a España.

España es uno de los principales receptores de fondos europeos —tanto los tradicionales de cohesión y agrícolas como los del plan de recuperación Next Generation EU—, lo que hace especialmente sensible cualquier deficiencia en los mecanismos de control y sanción penal. La Comisión ha subrayado en reiteradas ocasiones que la correcta transposición de las normas antifraude es una condición indispensable para garantizar que el dinero público europeo llega a su destino sin irregularidades.

El Gobierno de España deberá responder al expediente abierto y, en su caso, presentar las modificaciones legislativas que corrijan el déficit señalado por Bruselas. Si en el plazo fijado por la Comisión no se acredita una solución satisfactoria, el asunto pasará a la siguiente fase del procedimiento de infracción, que puede desembocar en la vista ante el tribunal europeo.