El anuncio y posterior aprobación por la Diputación Permanente del Congreso del llamado 'decreto Maricarmen' en materia de vivienda ha desencadenado una retirada masiva de pisos del mercado del alquiler residencial. Así lo constata la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) tras consultar a 600 agencias repartidas por las principales ciudades y capitales de provincia españolas.

Los resultados son contundentes: el 88,9% de las inmobiliarias encuestadas detecta incidencias directas derivadas de los cambios normativos, frente a un 11,1% que declara mantener su actividad sin alteraciones. Entre quienes sí registran efectos, la consecuencia más extendida es la retirada de viviendas del alquiler habitual, señalada por el 78,1% de las agencias, con una media de 3,78 inmuebles por agencia.

Más de 4.200 viviendas retiradas o desviadas en diez días

Los datos provisionales recogidos por FAI durante los diez días previos a la aprobación formal del decreto cuantifican el impacto: 2.067 viviendas retiradas del mercado de alquiler habitual, 1.224 trasladadas al mercado de compraventa y 944 derivadas hacia modalidades alternativas como el alquiler de temporada o por habitaciones. En total, 4.235 inmuebles han salido del arrendamiento residencial ordinario, mientras que 1.523 firmas de contratos han quedado bloqueadas, lo que arroja un cómputo global de 5.758 operaciones afectadas.

Un 72,4% de las agencias ha constatado una congelación de operaciones, con una media de 2,75 contratos detenidos por agencia, y un 56,6% certifica la fuga de propiedades hacia la compraventa. El desvío hacia el alquiler de temporada o por habitaciones lo registra un 38,9% de las agencias, con una media de 1,76 inmuebles por establecimiento.

La FAI advierte de caídas de entre el 25% y el 30% en las próximas semanas

La patronal inmobiliaria prevé que la situación se agrave en el corto plazo. El volumen de operaciones de alquiler podría descender entre un 25% y un 30% en las próximas semanas, combinando el freno en la firma de nuevos contratos, la retirada definitiva de viviendas y el desvío hacia usos alternativos.

El presidente de FAI, José María Alfaro, reconoció el problema de acceso a la vivienda y el peso económico que el alquiler supone para muchos hogares, pero alertó de que las medidas adoptadas están perjudicando a las familias que ya tenían un arrendamiento en curso o que buscan uno. Alfaro subrayó que la normativa no ofrece garantías suficientes a los pequeños propietarios frente a posibles impagos y que los mecanismos de protección previstos quedan subordinados a un entramado burocrático y a conflictos de competencias entre administraciones que, en la práctica, desincentiva el mantenimiento de viviendas en el mercado de alquiler habitual.