La deuda pública española ha vuelto a superar la barrera del 100% del producto interior bruto. Según los datos publicados, el pasivo conjunto de las administraciones públicas se situó en septiembre en el 100,3% del PIB, lo que rompe la tendencia de los dos meses anteriores, en los que la ratio había logrado mantenerse por debajo de ese nivel.

El regreso a ese umbral reaviva el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. Durante años, el 100% del PIB ha funcionado como referencia simbólica y analítica: superarlo implica que el Estado debe más de lo que produce la economía del país en un año, lo que condiciona el margen de maniobra del Gobierno ante futuras crisis o subidas de los tipos de interés.

Una tendencia que cuesta revertir

España arrastra desde la crisis financiera de 2008 y, sobre todo, desde la pandemia de 2020, un nivel de endeudamiento elevado en comparación con los socios de la Unión Europea. Aunque en los últimos ejercicios el crecimiento económico había permitido reducir la ratio deuda-PIB sin reducir el volumen nominal de deuda —al crecer el denominador más rápido que el numerador—, la vuelta por encima del 100% en septiembre indica que ese efecto se ha frenado o revertido puntualmente.

El dato pone presión sobre el Gobierno de España en un momento en que los organismos europeos, incluida la Comisión Europea, han retomado la supervisión de los déficits y las deudas de los estados miembros tras la suspensión temporal de las reglas del Pacto de Estabilidad durante la pandemia. Bruselas exige a los países con deuda superior al 60% del PIB planes creíbles de consolidación fiscal a medio plazo.