Los centros de protección de Melilla acogen en la actualidad a 340 menores extranjeros no acompañados, una cifra que multiplica por cuatro la capacidad máxima oficial de 84 plazas, fijada en el marco de la contingencia migratoria declarada en la ciudad hace más de un año. La situación, que las autoridades locales califican de límite, no muestra signos de alivio a corto plazo.

La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, explicó en rueda de prensa que los traslados de estos menores hacia otras comunidades autónomas avanzan despacio por una razón estructural: el personal que los atiende y documenta en los centros es el mismo que debe acompañarlos físicamente hasta sus destinos en la península, lo que hace imposible simultanear ambas tareas. Mohamed añadió que el ritmo de esos traslados también depende de la coordinación con la Delegación del Gobierno, organismo dependiente del Ejecutivo central.

Una obra paralizada a la espera de un permiso de Cultura

A la saturación de plazas se suma el bloqueo de las obras de mejora previstas en el Fuerte de la Purísima, instalación cuya reforma pretendía ampliar y mejorar la capacidad de acogida. El proyecto lleva meses detenido a la espera de que el Ministerio de Cultura emita la correspondiente licencia, requerida por el valor patrimonial del edificio, que es propiedad del Ministerio de Defensa.

El consejero de Fomento de Melilla, Miguel Marín, señaló directamente a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, como responsable de la demora, al haber derivado el expediente al Ministerio cuando, según sostiene, la competencia para autorizar la actuación corresponde a la Comisión de Patrimonio local. «Lleva meses este documento esperando a que contesten. Todo lo que tocan lo convierten en un desastre», afirmó Marín sobre la gestión de la Delegación del Gobierno.

Las ONG que supervisan las condiciones de los centros han elevado críticas ante el deterioro de las instalaciones, agravado por la presión de una ocupación muy por encima de lo razonable. Mientras tanto, la ciudad autónoma asume la tutela legal de esos menores sin poder aumentar de forma efectiva ni el número de plazas ni la velocidad de los traslados, dos palancas que dependen en gran medida de decisiones del Gobierno central.