Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron este jueves en la sede del Ministerio de Igualdad para recopilar documentación en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Europea (EPPO). Las pesquisas apuntan a un presunto fraude y uso irregular de fondos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para el control de maltratadores, un contrato que superó los 100 millones de euros.

El operativo no se limitó al Ministerio: de forma simultánea, la Guardia Civil se personó en el Tribunal de Cuentas para requerir documentación adicional. Este organismo había publicado recientemente un informe en el que advertía de «graves deficiencias» en el proceso de compra de esos dispositivos electrónicos por parte del departamento que dirige Ana Redondo.

Redondo niega irregularidades y habla de «bulos y mentiras»

Tras presentar la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra de Igualdad compareció ante los medios para responder a la presión judicial y política generada por el registro. Redondo defendió una «transparencia absoluta» en la gestión de su ministerio y calificó de «bulos y mentiras» las informaciones que relacionan las diligencias con una actuación irregular. La titular de Igualdad intentó también restar alcance al operativo policial, señalando que las diligencias no suponen, a su juicio, una novedad significativa en el procedimiento.

La investigación de la Fiscalía Europea cobra especial relieve por el origen de los fondos implicados: los recursos empleados en la contratación provenían en parte de la Unión Europea, lo que activa la jurisdicción del EPPO, el organismo comunitario con competencias para perseguir delitos contra los intereses financieros de la UE. La intervención de este organismo supone que la investigación trasciende el ámbito nacional y queda sujeta a los estándares de control de Bruselas.

El Tribunal de Cuentas, en su informe previo, ya había señalado deficiencias en los procedimientos de licitación y en la justificación del gasto asociado a las pulseras antimaltrato, un sistema concebido para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género mediante el control electrónico de los agresores. La coincidencia entre ese informe y la apertura de diligencias por parte del EPPO dibuja un escenario de escrutinio institucional sobre la gestión del Ministerio de Igualdad en este contrato.