Mientras el Gobierno prepara una defensa pública del balance sindical de la huelga general del 11 de noviembre, en el interior del Consejo de Ministros crecen las reservas. «Esto no va bien, diremos lo que haya que decir, pero el voto obrero no vuelve al PSOE con piquetes violentos y encapuchados», reconoce ante La Razón un miembro del Ejecutivo, en una valoración que revela la distancia entre el mensaje oficial y el diagnóstico interno.

La instrucción que llega desde el núcleo de decisión de Moncloa es que nadie en el Gobierno puede desmarcarse de los sindicatos convocantes ni introducir matices que pongan en duda el éxito de la convocatoria. «Diremos lo que digan los sindicatos. Hay que llegar al final», afirman las mismas fuentes. La escenografía de la respuesta está, en palabras de quienes participan en su diseño, «medida al milímetro».

La huelga como pieza de campaña, no como instrumento social

En la estrategia de Moncloa, la huelga forma parte de un clima político más amplio orientado a generar la sensación, entre el electorado de izquierdas, de que las elecciones del 29 de noviembre aún tienen partido para Pedro Sánchez. La movilización sirve, según este enfoque, para alimentar la dinámica de bloques y situar a Santiago Abascal en el centro de la confrontación, desplazando a Alberto Núñez Feijóo a un segundo plano.

Sin embargo, varios altos cargos del partido reconocen que esta apuesta tiene un coste. «La diferencia entre ganar la batalla de las pancartas y ganar la de las urnas está ahí, y podemos estar apostando por una polarización cuyos efectos electorales no controlamos», señalan fuentes consultadas por el citado diario. Los sondeos territoriales, según estas mismas fuentes, indican que en las provincias que reparten tres escaños, Vox está arrebatando los últimos diputados al PP; y en las de cuatro, se los está quitando a los socialistas.

El problema de fondo: el voto obrero no regresa con piquetes

El principal flanco que el PSOE necesita recuperar es el del electorado trabajador, que según dirigentes del propio partido ha sido el principal perjudicado por la gestión del Gobierno en materia migratoria, de servicios públicos e infraestructuras. «Desplazar el debate hacia los déficits en las políticas sociales o los servicios públicos, después de ocho años de gobierno, no cuela. Es tomar a la gente por idiota», afirma un alto cargo de una federación socialista con cuota de poder.

Ese segmento del electorado, según el análisis interno, no dispone de alternativas privadas cuando los servicios públicos fallan y percibe que el crecimiento de la población no ha ido acompañado de mejoras equivalentes en sanidad, educación u otros ámbitos de la administración. La paradoja es que la estrategia de confrontación diseñada en Moncloa podría terminar beneficiando precisamente a Vox entre ese mismo colectivo al que el PSOE pretende recuperar.