La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emplazado al Ministerio del Interior a certificar, en el plazo de dos días, que los dispositivos contratados para leer el DNI electrónico en las mesas electorales del 29 de noviembre superaron los controles de seguridad exigidos por la normativa vigente. El alto tribunal se reserva así la decisión sobre si permite o suspende cautelarmente esa modalidad de voto hasta recibir y analizar dicha documentación.

El requerimiento va dirigido a la directora general de Política Interior, que deberá certificar «bajo su responsabilidad» si, tras la firma del contrato de alquiler de 61.603 lectores de QR, se practicaron sobre ellos las auditorías de seguridad que establece el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, regulador del Esquema Nacional de Seguridad. En caso afirmativo, el Supremo le exige adjuntar toda la documentación técnica que lo acredite.

El recurso de Iustitia Europa y el papel de la Junta Electoral Central

El procedimiento arranca de un recurso de la asociación Iustitia Europa, que instó al Supremo a corregir a la Junta Electoral Central después de que este órgano levantara la suspensión que pesaba sobre el voto digital. La Junta lo hizo tras aceptar que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska había acreditado que las mesas contarían con lectores de QR para verificar «con todas las garantías necesarias» la autenticidad de los DNI electrónicos.

El Supremo rechazó en un primer momento acordar la suspensión con carácter urgentísimo —sin escuchar previamente a la Administración ni a la Junta Electoral—, pero abrió el trámite cautelar ordinario para decidir una vez estudiadas las alegaciones de todas las partes. La petición de documentación a Interior es el paso previo a esa resolución.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, había advertido de que la ausencia de un protocolo uniforme de verificación del DNI digital podría generar «un auténtico caos en las mesas electorales, con fallos técnicos, criterios contradictorios y dificultades para comprobar la identidad de los votantes». El Supremo no ha avalado esa valoración, pero su requerimiento a Interior refleja que los magistrados consideran que aún no disponen de certeza suficiente sobre las garantías técnicas del sistema.