Los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que afrontan un juicio por delito de traición accedieron sin autorización a documentación clasificada que abarcaba desde operaciones vinculadas a los servicios de inteligencia ruso y marroquí hasta información sobre la seguridad del entonces presidente estadounidense Joe Biden durante su viaje a Oriente Medio. Así consta en la auditoría interna que el propio CNI realizó tras detectar comportamientos irregulares y que sirvió de base para la denuncia ante la Fiscalía.

Los investigados son un exjefe de la Sección de Rusia del Centro y un subordinado suyo. Según el sumario, el agente de menor rango enviaba la información a través de su correo personal a cuentas de un solo uso, en las que se encontró documentación con nombres de fuentes humanas, nombres en clave de operaciones de inteligencia, datos sobre despliegues en el exterior y gráficos de conectividades de individuos rusos. También había textos con la identidad de miembros del servicio de inteligencia norteamericano.

Una investigación interna que nació en 2022 por sospechas sobre uno de ellos

Las pesquisas internas del CNI arrancaron en 2022, cuando surgieron indicios de que uno de los agentes consultaba información clasificada de manera irregular y la trasladaba al de mayor rango. La auditoría concluyó que entre ambos existía una «relación de amistad personal» y que no podía descartarse «una voluntad delictiva común y concertada». Además, uno de ellos había adquirido por su cuenta medios informáticos y de comunicación seguros, lo que, según el informe, podría haber facilitado la exfiltración de datos.

En octubre de 2023, la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, formalizó la denuncia ante la Fiscalía. Las diligencias se abrieron en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid y, tras tres años de instrucción a puerta cerrada, el caso está listo para llegar a la Audiencia Provincial de Madrid, cuya sección decimosexta será la encargada de celebrar el juicio oral.

Prisión provisional, libertad posterior y medidas cautelares vigentes

Ambos agentes fueron suspendidos de funciones y quedaron en prisión provisional, dado el riesgo de fuga que las autoridades asociaron a sus capacidades profesionales para abandonar el país sin ser detectados. El subordinado salió de prisión en noviembre de 2023; el de mayor rango, un capitán de fragata de la Armada Española, permaneció en prisión hasta diciembre de 2024. Desde entonces, los dos están sometidos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado.

La Fiscalía y la Abogacía General del Estado —que ejerce la representación del CNI— sostienen que el episodio generó un «grave perjuicio al régimen y funcionamiento del Centro» y que desencadenó un choque diplomático con Washington. Los abogados de los acusados niegan los hechos y argumentan que sus clientes fueron objeto de seguimientos e interceptaciones de comunicaciones antes de que existiera autorización judicial, lo que, a su juicio, invalida la investigación penal.