Una red de tráfico de armas con alcance nacional e internacional tenía su centro de operaciones en una celda del centro penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès. Allí cumple condena Daniel Doya, sentenciado en 2012 por la Audiencia de Barcelona a 19 años y medio de prisión tras dispararle un tiro en la cabeza a su mujer, que estaba embarazada de ocho meses, en el ascensor de su edificio del barrio barcelonés de La Verneda. Desde ese mismo centro penitenciario, y sirviéndose de teléfonos móviles que no debería tener en su poder, Doya montó un negocio de venta de armas que abastecía a organizaciones criminales en Cataluña, Valencia, Madrid, Granada y Francia.

La investigación arrancó a raíz de la operación del 2 de diciembre pasado contra los Trinitarios, en la que los Mossos d'Esquadra y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional detuvieron en Salou al responsable europeo de la banda, Joel Alexander M., apodado 'Booking', y a su lugarteniente Walter Yasmani F., alias 'Pukita'. El rastreo de las cinco armas de fuego incautadas durante los registros condujo a los investigadores directamente hasta Doya y su entorno familiar.

Un negocio familiar con pistolas a 4.000 euros y fusiles de asalto a 8.000

El sistema era tan sencillo como revelador de las carencias del sistema penitenciario: Doya cerraba las ventas en persona desde su celda a través de WhatsApp, Telegram y Signal. Su hija mayor, de 20 años, grababa en vídeo las piezas disponibles —pistolas, escopetas, fusiles de asalto— para que los compradores pudieran identificar el material antes de comprometerse. Los tatuajes visibles de la joven servían como garantía implícita de que las imágenes eran auténticas y el stock, real. Su pareja era la encargada de los traslados: transportaba las armas en el vehículo familiar, un Porsche Cayenne, y las entregaba a plena luz del día en aparcamientos de supermercados y centros comerciales.

Los precios eran muy superiores a los del mercado legal: una pistola corta salía por unos 4.000 euros, mientras que las armas largas —escopetas o fusiles— podían alcanzar los 8.000. En cada transacción intervenían hasta cuatro o cinco intermediarios que se llevaban una comisión, lo que explica el margen. El catálogo incluía desde pistolas hasta fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15, además de munición. Dos de los tres hijos del matrimonio aún estaban en edad escolar y, según los investigadores, viajaban en ocasiones en el mismo vehículo en el que se transportaba el arsenal.

38 Glocks falsificadas, una granada y un lanzacohetes en el coche familiar

La operación, bautizada como 'Seven' y ejecutada el pasado 7 de julio, permitió localizar dos depósitos de armas. El primero estaba en el propio vehículo, aparcado frente al domicilio familiar en El Pla del Penedès: envueltas en mantas, los agentes hallaron 38 réplicas funcionales de la pistola Glock —con capacidad real de matar, según precisó el sargento de la División de Investigación Criminal al frente del caso—, una granada de mano inerte y un lanzacohetes antitanque sin carga explosiva. En el interior de la vivienda encontraron bolsas con aproximadamente un millar de cartuchos y un escudo balístico.

Las armas incautadas llevaban el número de serie borrado, lo que impide determinar su procedencia con exactitud. Los investigadores han podido confirmar, a través del contacto con los fabricantes, que algunas habían sido robadas en otros países. Otro de los canales de abastecimiento que ha aflorado en la investigación involucra a personas con licencia legal de armas que fingían sufrir robos, interponían la correspondiente denuncia y reintroducían así las piezas en el mercado negro: lo que en una armería cuesta 800 euros podía venderse después por 3.000.

Móviles en la celda y posible complicidad en prisión

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es la capacidad operativa que Doya mantenía desde el interior de Quatre Camins. A pesar de las sucesivas incautaciones de terminales durante los registros de su celda, el recluso lograba hacerse con nuevos teléfonos en cada ocasión. La Policía Nacional ha abierto una línea de investigación para esclarecer si era la propia familia quien los introducía durante los comunicados o si existían funcionarios penitenciarios que facilitaban el acceso. El sargento responsable del caso reconoció que, de momento, no hay constancia de ninguno de los dos escenarios de forma concluyente.

El golpe tiene un alcance que supera el ámbito catalán: la Policía Nacional mantiene abiertas diligencias en varios puntos del territorio español para rastrear los destinos del armamento distribuido por la red. Los grupos que adquirían las armas estaban vinculados principalmente al narcotráfico —tanto para proteger plantaciones de marihuana como para ejecutar narcoasaltos—, lo que convierte el desmantelamiento de esta red de suministro en uno de los resultados más significativos de la investigación sobre los Trinitarios en Cataluña.