Un juzgado de Barcelona ha condenado a ocho personas por impedir por la fuerza un acto cultural de Sociedad Civil Catalana celebrado en la Universidad de Barcelona en mayo de 2018. El evento, un homenaje a Miguel de Cervantes al que asistían unas 250 personas, fue interrumpido por una concentración de unos 80 individuos que golpearon puertas, profirieron amenazas y generaron tal estado de pánico entre los asistentes que el acto tuvo que suspenderse. El Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona impone penas que van de dos a seis meses de prisión para cuatro de los ocho condenados, y multas para los restantes, por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales con agravante de discriminación ideológica y la atenuante de dilaciones indebidas.

Entre los encausados figuraba Fredi Bentanachs, fundador de la organización armada Terra Lliure. En total eran 18 los acusados, pero el tribunal absuelve a diez de ellos por no poder acreditar su participación directa en los hechos. La sentencia, adelantada por ABC, da por probado que la movilización fue organizada y coordinada por organizaciones de la izquierda independentista —Arran, CUP, Endavant y SEPC—, que previamente habían enviado correos electrónicos al personal de la facultad y convocado la protesta a través de redes sociales, tachando a SCC de tener vínculos con el franquismo pese a que el acto en cuestión era de naturaleza estrictamente cultural.

Amenazas, empujones y una petición de auxilio que la UB no tramitó

Según el relato de hechos probados, los manifestantes llegaron al edificio con el propósito explícito de impedir el acto. Mientras el homenaje llevaba unos 45 minutos de desarrollo, los asistentes comenzaron a escuchar gritos, silbatos y sirenas desde el exterior. A continuación, varios de los concentrados golpearon y empujaron de forma reiterada las puertas del Aula Magna —incluidas las salidas de emergencia— e insultaron y agredieron físicamente a quienes intentaban frenar su entrada, con expresiones como 'os vamos a matar' o 'pim, pam, pum, que no quedi ni un'. La sentencia describe un clima de pánico generalizado entre los reunidos, que temían ser agredidos si las puertas cedían.

Ante la situación, SCC solicitó a la dirección de la UB que reclamara la intervención de los Mossos d'Esquadra, que se encontraban en el exterior del edificio. La universidad no cursó esa petición. Fue la propia entidad quien decidió finalmente suspender el acto para evitar males mayores. El detalle no es menor: los agentes de seguridad estaban presentes, pero la inacción institucional de la UB dejó a los asistentes sin respaldo mientras la presión en el interior del edificio aumentaba.

La amnistía denegada y el recurso anunciado

El caso adquirió un nuevo protagonismo reciente cuando un juez rechazó aplicar la ley de amnistía a los 18 encausados, al considerar que el acto boicoteado era de naturaleza cultural y no política, lo que excluye los hechos del ámbito que aquella norma pretendía cubrir. Esa resolución dejó el camino despejado para que la causa siguiera su curso y culminara con esta condena. La defensa de los ocho condenados, ejercida por Alerta Solidaria, ha anunciado que recurrirá el fallo.