El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido públicamente que la Policía Nacional permanezca en su actual sede de Via Laietana de Barcelona, a pesar de que el enclave ha sido oficialmente reconocido como lugar de memoria histórica. La posición del mandatario socialista contradice las demandas de los partidos independentistas, que llevan años reclamando el desalojo de las fuerzas de seguridad del Estado de un edificio asociado, durante el franquismo, a episodios de represión.

La declaración de Illa tensiona su propio espacio político, dado que la designación de Via Laietana como lugar de memoria fue impulsada en gran medida por el entorno ideológico que sustenta su Govern. Su postura, sin embargo, apunta a una lectura pragmática: el traslado de la jefatura superior de Policía implicaría costes logísticos y operativos difíciles de justificar en el contexto presupuestario actual, aunque el president no ha aportado argumentos explícitos de ese orden en sus declaraciones públicas.

Junts exige un frente común por el concierto económico

Al margen del debate sobre Via Laietana, Junts per Catalunya ha aprovechado la coyuntura para lanzar una propuesta de «frente común» entre las fuerzas políticas catalanas con el objetivo de presionar al Gobierno central en favor de un concierto económico para Cataluña. El partido de Carles Puigdemont argumenta que la falta de inversiones estatales en el territorio justifica una ofensiva coordinada para reclamar un modelo de financiación singular, similar al del País Vasco y Navarra.

La propuesta de Junts choca, no obstante, con la aritmética parlamentaria y con la propia agenda del Govern de Illa, que hasta ahora no ha asumido formalmente esa reivindicación como prioridad negociadora con Madrid. Que Junts lance ese globo sonda en este momento responde también a su propio cálculo de oposición: mantener la presión sobre el Ejecutivo catalán mientras exhibe músculo frente a su electorado.

ERC pide aprovechar el aval europeo a la amnistía

Por su parte, Esquerra Republicana ha centrado su mensaje en el respaldo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a la ley de amnistía, reclamando que ese pronunciamiento se traduzca en avances concretos en lo que el partido denomina «resolución del conflicto político». ERC interpreta el aval europeo como un espaldarazo que obliga al Estado español a acelerar la normalización de la situación judicial de los implicados en el procés y, en un sentido más amplio, a reactivar la negociación política.

El resultado es un Govern que afronta simultáneamente tres frentes abiertos en una misma semana: la polémica por Via Laietana, la presión de Junts por el modelo de financiación y la demanda de ERC de capitalizar el escenario judicial europeo. La capacidad de Illa para gestionar esas tensiones sin ceder terreno ni a unos ni a otros definirá en buena medida el margen de maniobra real del que dispone su ejecutivo minoritario.