El Tribunal Supremo ha acordado paralizar cautelarmente la inscripción en el censo electoral de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos, la norma que extendió el derecho a la nacionalidad a los descendientes de exiliados y emigrantes españoles. La suspensión, de carácter provisional, se mantendrá mientras el alto tribunal resuelve el recurso presentado contra la legislación.

La decisión judicial impide, de momento, que los nuevos nacionales que han tramitado su documentación por esta vía puedan ejercer el derecho al voto. El Supremo considera necesario detener el proceso de inscripción censal para preservar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria, evitando que se consoliden situaciones de difícil reversión antes de que haya un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la norma.

Una ley con amplio alcance y millones de potenciales beneficiarios

La ley de nietos, impulsada por el Gobierno central, abrió la puerta a la nacionalidad española a los descendientes de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil o el franquismo, así como a los emigrantes económicos de décadas posteriores. Su aprobación generó un volumen de solicitudes muy elevado, especialmente procedentes de América Latina, lo que convirtió la norma en una de las medidas de mayor alcance en materia de nacionalidad de los últimos años.

Los recursos presentados ante el Supremo cuestionan aspectos de fondo de la regulación, y el tribunal ha entendido que, dada la magnitud del número de personas afectadas, resulta imprescindible suspender cautelarmente los efectos censales mientras se analiza si la ley se ajusta al ordenamiento constitucional y legal vigente. La inscripción en el censo es el paso previo e imprescindible para poder votar en cualquier proceso electoral.