El Tribunal de Cuentas está a punto de cerrar el último trámite que le separa de aplicar la ley de amnistía a los 35 ex altos cargos de la Generalitat a quienes había encausado por los gastos asociados al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la denominada acción exterior del procés. El organismo se reunió este miércoles y, según fuentes del propio tribunal, únicamente resta resolver un recurso para que la amnistía surta efecto pleno.

Entre los beneficiarios figuran los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros que fueron investigados contablemente por el destino de fondos públicos en aquella etapa. Las responsabilidades económicas que el Tribunal de Cuentas les reclamaba quedaron en suspenso desde que la ley de amnistía entró en vigor, pero su extinción definitiva exigía completar los trámites procesales internos que ahora están a punto de concluir.

Un proceso judicial que duró años y que la amnistía clausura sin condena

La causa ante el Tribunal de Cuentas fue durante años uno de los frentes jurídicos más activos contra los impulsores del referéndum. A diferencia de los procesos penales, este se centraba en la presunta malversación de fondos públicos catalanes utilizados para financiar la consulta y las campañas institucionales de proyección exterior del independentismo. Las cuantías reclamadas a los encausados ascendían a millones de euros, y sobre varios de ellos pesaban fianzas y embargos preventivos que en algunos casos condicionaron su patrimonio durante años.

La ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2024 con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez y los votos de los partidos independentistas catalanes y vascos, incluyó expresamente las responsabilidades contables derivadas del procés, lo que obligó al Tribunal de Cuentas a adaptar su actuación a ese nuevo marco legal. Desde entonces, el organismo ha ido resolviendo los distintos expedientes; el que ahora aguarda resolución es el último escollo antes del cierre definitivo del procedimiento.

Con la aplicación efectiva de la amnistía, los 35 encausados quedarán exonerados de cualquier responsabilidad económica ante este tribunal por los hechos vinculados al 1-O, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad de aquellas actuaciones, sino simplemente la extinción de la acción por imperativo de la ley.