Salvador Illa cumple dos años como president de la Generalitat. El 8 de agosto de 2024, el líder del PSC recuperaba para los socialistas un gobierno que no habían presidido en quince años, tras unas elecciones de mayo que rompieron la mayoría independentista y dejaron a ERC sin margen para otra opción que no fuera facilitarle la investidura o afrontar unos nuevos comicios que la formación, en plena crisis interna, no estaba en condiciones de disputar.

El precio de ese acuerdo fue alto para el PSC: asumir compromisos con las fuerzas independentistas que el partido había rechazado históricamente, entre ellos avanzar hacia un modelo de financiación singular para Catalunya. Una cesión que permitió a Illa gobernar, pero que dejó instalada desde el primer día la duda sobre hasta dónde llegaba realmente su margen de maniobra.

Presupuestos aprobados, problemas de fondo sin resolver

El principal activo que puede exhibir el Govern después de veinticuatro meses es la aprobación de los presupuestos, un logro nada menor en un parlamento fragmentado y sin mayoría propia. Sin embargo, ese éxito parlamentario no se ha traducido en avances significativos en los grandes desafíos que arrastra Catalunya: el acceso a la vivienda, la calidad de los servicios públicos, el déficit de infraestructuras o las tensiones en el modelo de convivencia lingüística, entre otros.

El lema de la investidura, unir i servir, se ha revelado más complicado de materializar de lo que sugerían los discursos del estreno. Gobernar Catalunya con el apoyo parlamentario de partidos que tienen agendas incompatibles entre sí —y en parte incompatibles con las del propio PSC— impone una lógica de parche constante que dificulta cualquier política de largo alcance.

La sombra de Puigdemont y la jornada de la investidura

El balance de estos dos años no puede separarse del episodio que marcó el propio día de la investidura: la aparición fugaz de Carles Puigdemont en Barcelona, con los Mossos d'Esquadra incapaces de detenerlo antes de que abandonara el país de nuevo. Aquella jornada puso en evidencia las limitaciones del cuerpo policial catalán y dejó una imagen que dañó la autoridad institucional del nuevo gobierno antes incluso de que este comenzara a funcionar a pleno rendimiento.

La situación judicial de Puigdemont sigue abierta, con movimientos pendientes tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo, y con la eventual influencia de la justicia europea como variable en juego. Esa incógnita sigue planeando sobre la legislatura y sobre la estabilidad de los acuerdos que sostienen el Govern.