Vox ha puesto a trabajar a su equipo jurídico en una estrategia de oposición judicial a la política del Gobierno sobre acogida de menores migrantes no acompañados, en el contexto de la crisis que se abrió con la entrada masiva de personas desde Marruecos por Ceuta. El partido de Santiago Abascal contempla dos frentes: recursos contencioso-administrativos contra las decisiones de reparto de menores y acciones penales dirigidas al presidente del Gobierno y a los ministros de Interior, Defensa y Exteriores.

El argumento jurídico central de Vox arranca de una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2024, dictada a raíz de la crisis migratoria masiva de 2021, que estableció que el Tratado bilateral firmado con Marruecos en 2007 —por el que el país magrebí se compromete a cooperar en el retorno de menores— no constituye por sí solo título suficiente para proceder a esa devolución. El Supremo exige que cada caso venga acompañado de un expediente individual que motive el destino del menor, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Vox adopta esta doctrina judicial y la convierte en palanca: si el Gobierno no tramita esos expedientes uno a uno, el partido tiene previsto impugnar cada decisión de acogida ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, según la competencia que corresponda en cada supuesto.

Extremadura, primer banco de pruebas de la estrategia legal

La formación ya ha iniciado esta vía en Extremadura, comunidad gobernada por el PP con apoyo parlamentario de Vox, donde ha rechazado formalmente la acogida de cinco menores y ha puesto en marcha el correspondiente recurso contencioso-administrativo. Ese caso funciona como prueba piloto del modelo que Vox pretende extender al resto de autonomías que reciban menores trasladados desde Ceuta.

Fuentes del partido insisten en que su posición no implica incumplir la ley, sino exigir que sea el propio Gobierno quien la cumpla íntegramente antes de proceder a ningún reparto. En su lectura, la obligación legal de elaborar expedientes individualizados implica que ningún menor puede ser distribuido entre comunidades mientras no se haya acreditado, caso a caso, que no concurren las condiciones para su retorno a Marruecos. Vox exige, además, acceso a esos expedientes para poder recurrir de inmediato los casos en que considere que la devolución es procedente.

El partido de Abascal defiende que Marruecos dispone de organismos propios de tutela y protección de menores, lo que a su juicio hace innecesario localizar a los progenitores en el país vecino como condición previa al retorno. Bastaría, según esta tesis, con transferir la tutela a esos centros marroquíes.

La vía penal apunta a Sánchez, Marlaska, Robles y Albares

En paralelo a los recursos administrativos, Vox ha activado el artículo 102 de la Constitución, que regula la responsabilidad penal del presidente del Gobierno y sus ministros por delitos de traición o contra la seguridad del Estado. Este mecanismo exige que sea el Congreso de los Diputados quien se pronuncie antes de abrir cualquier procedimiento penal, por lo que Vox ha forzado ya un posicionamiento de la Cámara. Los ministros en el punto de mira son Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores).

La acumulación de vías —administrativa, penal y parlamentaria— dibuja una campaña de litigación sistemática que Vox tiene intención de sostener en el tiempo, con independencia del resultado de las primeras batallas judiciales.