Carles Puigdemont ha aprovechado el segundo aniversario de su fugaz retorno a Barcelona para arremeter contra el Tribunal Supremo, al que acusa de negarse deliberadamente a aplicar la ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales. A su juicio, el comportamiento del alto tribunal resulta «aún más escandaloso» con el paso del tiempo, precisamente porque la norma lleva en vigor más de un año y su situación procesal permanece sin resolverse.

El presidente de Junts per Catalunya vive desde hace años en Bruselas en situación de autoexilio para evitar ser detenido, y su regreso a España en agosto de 2024 duró apenas unas horas antes de que volviera a cruzar la frontera. Aquel episodio fue tanto un golpe de efecto político como una demostración de los límites reales que la ley de amnistía presentaba en su aplicación práctica, dado que el riesgo de detención no había desaparecido de facto.

El Supremo, en el centro del debate sobre la aplicación de la amnistía

La resistencia del Tribunal Supremo a extender los efectos de la amnistía a los delitos que mantienen pendiente la situación de Puigdemont —fundamentalmente la malversación en su interpretación vinculada al referéndum ilegal de 2017— ha generado una disputa jurídica y política de largo recorrido. El alto tribunal ha sostenido que determinadas conductas no encajan en el perímetro que fijó el legislador, interpretación que el entorno del expresident rechaza frontalmente y que ha dado pie a sucesivos recursos y cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde la perspectiva de El Riu, más allá de la épica que cada bando proyecta sobre este conflicto, lo relevante para el interés público es que la ley de amnistía —impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como condición para sumar los votos de Junts a su investidura— sigue generando una inseguridad jurídica notable. El hecho de que un tribunal de la categoría del Supremo y el Ejecutivo que promovió la norma mantengan una lectura tan divergente sobre su alcance pone de manifiesto las costuras de una ley diseñada con objetivos políticos inmediatos antes que con rigor técnico-jurídico.

Puigdemont no ha ofrecido en su declaración de este sábado ningún detalle nuevo sobre su situación procesal ni sobre los plazos que maneja para un eventual regreso definitivo a España. Su intervención se ha limitado a la denuncia simbólica ligada al aniversario, sin avances concretos sobre los procedimientos en curso ante los tribunales europeos o españoles.