La apuesta del Ayuntamiento de Salt por ampliar de forma acelerada la red de carriles bici está generando cada vez más controversia. Lo que debía convertirse en uno de los proyectos emblemáticos de movilidad sostenible del municipio está marcado por obras que se han tenido que rehacer, retrasos, afectaciones a la circulación y protestas vecinales. 952.300 euros, financiada parcialmente mediante subvención estatal de 500.000 euros. Uno de los episodios más polémicos se ha producido precisamente en Marquès de Camps. El PSC de Salt denunció a principios de agosto que una parte de las obras, cuando estaba prácticamente terminada, tuvo que ser reconstruida para corregir deficiencias. Entre los problemas señalados figuran los accesos al carril bici, el ancho disponible para los vehículos y las pendientes de la calzada, que, según los socialistas, podían dirigir el agua de lluvia hacia viviendas y comercios. Los problemas se suman al malestar expresado por vecinos de La Massana, que ya habían protestado el proyecto.

La polémica resulta aún más relevante por la magnitud del plan. Salt proyectó 4,58 kilómetros de nuevos carriles bici en distintos ejes de la ciudad, además de aparcamientos y otras infraestructuras ciclistas. Según los mismos datos difundidos por el Ayuntamiento, únicamente el 0,5% de los desplazamientos internos se hacían en bicicleta al estudio utilizado para justificar el proyecto.

El debate, por tanto, ya no es simplemente estar a favor o en contra de la bicicleta. La cuestión es si una transformación de esa magnitud es correctamente planificada, ejecutada y adaptada a las necesidades reales de Salt. Cuando una obra pública prácticamente terminada debe rehacerse mientras los vecinos, comerciantes y conductores acumulan meses de molestias, las explicaciones dejan de ser opcionales.