Dos años después de que Mario Draghi entregara a la Comisión Europea su diagnóstico sobre la competitividad del bloque, la Unión Europea ha ejecutado apenas el 15% de las medidas que el propio informe reclamaba. El documento, que en su día sacudió el debate económico en Bruselas, alertaba de que Europa se jugaba su condición de potencia global si no modernizaba su tejido productivo y cortaba la dependencia estratégica de China y Estados Unidos. La distancia entre el diagnóstico y la acción sigue siendo, a día de hoy, llamativa.

El informe de Draghi —expresidente del Banco Central Europeo y exprimer ministro italiano— no fue una declaración de intenciones al uso. Identificaba brechas concretas de productividad respecto a Estados Unidos y China, señalaba sectores críticos donde Europa había cedido terreno de forma estructural —semiconductores, energía, defensa, tecnología digital— y proponía una agenda de reformas articulada en torno a la inversión masiva, la integración de los mercados de capitales y la reducción de trabas regulatorias. La recepción política fue entusiasta. La implementación, mucho menos.

La 'preferencia europea', una respuesta a medias

Una de las propuestas que más tracción ha ganado en el debate institucional es la llamada «preferencia europea»: la idea de que los contratos públicos, las ayudas y las cadenas de suministro de la UE deben favorecer a los proveedores y fabricantes europeos frente a terceros países. El concepto, que bebe directamente del espíritu del informe Draghi, pretende replicar —con sus propias particularidades— la lógica del Buy American Act estadounidense o las políticas industriales chinas. Sin embargo, su traducción en legislación vinculante avanza a un ritmo que no se corresponde con la urgencia que el propio diagnóstico exigía.

El problema de fondo es estructural: la UE sigue fragmentada en 27 mercados nacionales con intereses industriales y comerciales que con frecuencia apuntan en direcciones distintas. Los países con mayor dependencia de exportaciones a China, por ejemplo, frenan medidas que puedan interpretarse como proteccionistas. Los que albergan industrias más expuestas a la competencia asiática empujan en sentido contrario. Esa tensión explica, en parte, por qué las grandes reformas del informe —la unión del mercado de capitales, la armonización energética, la política industrial común— apenas han avanzado más allá de las declaraciones.

El coste de la parálisis

El retraso tiene consecuencias mensurables. En el período transcurrido desde la publicación del informe, la brecha de productividad entre Europa y Estados Unidos no se ha reducido, y la dependencia en tecnologías críticas —paneles solares, baterías, componentes electrónicos— sigue siendo elevada respecto a China. Sectores como el del automóvil, que el informe señalaba como especialmente vulnerable por la transición al vehículo eléctrico, han atravesado meses de turbulencias sin que Bruselas haya articulado una respuesta industrial coherente.

El 15% de implementación que recoge el balance de estos dos años no es solo un dato estadístico: refleja la dificultad crónica de la UE para convertir consensos de diagnóstico en decisiones ejecutivas. Draghi lo advertía en el propio informe: Europa tiene capacidad analítica de primer nivel, pero sus mecanismos de gobernanza ralentizan la acción hasta hacerla, en ocasiones, irrelevante frente a la velocidad de los competidores.