Nueve años después del referéndum del 1 de octubre de 2017, la justicia española se dispone a juzgar a cuatro agentes de la Policía Nacional por el disparo de bala de goma que privó a Roger Español de la visión de su ojo derecho. El juicio, que arranca el próximo miércoles, sienta en el banc dels acusats a un escopetero, un inspector y dos subinspectores destinados aquel día a contener la jornada de votación suspendida por el Tribunal Constitucional.

Se trata de los únicos agentes que permanecen imputados penalmente por los incidentes de aquella jornada. El resto de policías que afrontaban procedimientos judiciales relacionados con el 1-O quedaron amparados por la Ley de Amnistía aprobada en 2024, que extinguió la responsabilidad penal derivada de los hechos vinculados al proceso independentista. Los cuatro acusados de este caso, sin embargo, no se beneficiaron de esa medida.

Una lesión irreversible y una causa que ha tardado casi una década en llegar a juicio

Roger Español perdió de forma permanente la visión del ojo derecho a consecuencia del impacto de una pelota de goma durante los operativos policiales del día del referéndum. Su caso se convirtió en uno de los más documentados y citados entre los de personas heridas de gravedad durante aquella jornada, y ha sido referencia en el debate público sobre el uso de material antidisturbios en contextos de control de multitudes.

El hecho de que el proceso haya necesitado casi una década para llegar a la fase oral da cuenta de la complejidad jurídica del caso, así como de las sucesivas vicisitudes legales y políticas que han rodeado todo lo relacionado con el 1-O, incluida la tramitación de la amnistía. El juicio supone, en cualquier caso, que un tribunal ordinario deberá ahora pronunciarse sobre si la actuación de los cuatro agentes constituyó un uso desproporcionado o ilegítimo de la fuerza, con consecuencias penales concretas para personas individuales.