Un hombre identificado como Y. G. M. ha ingresado en prisión provisional por orden de la juez instructora de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona, tras confesar haber matado a su pareja el pasado 28 de julio en el domicilio familiar de la calle Andrade. La víctima, una mujer brasileña de 34 años, murió a consecuencia de al menos once puñaladas con una daga de 20 centímetros que le provocaron heridas en un brazo, el tórax y la cabeza, afectando al corazón y los pulmones. El ataque se produjo delante de los dos hijos de la pareja, de 8 y 4 años, y de dos amigas de la víctima que también se encontraban en el piso.

Tras el crimen, el agresor abandonó el domicilio en un vehículo. Las cámaras de seguridad del barrio le grabaron quitándose la ropa manchada de sangre para pasar inadvertido. Ya de madrugada, se presentó voluntariamente en una comisaría de los Mossos d'Esquadra y relató lo ocurrido. La instructora ha acordado, a petición de la Fiscalía, no solo su internamiento en prisión provisional, sino también la prohibición de que se comunique o acerque a sus hijos y a los padres de la víctima. Los dos menores están bajo tutela de la Generalitat y se encuentran en un centro de acogida.

Un historial de maltrato que la víctima no llegó a denunciar por miedo

El auto de prisión recoge declaraciones de varias amigas de la fallecida que confirman que la mujer les había relatado que sufría maltrato por parte de su pareja desde hacía más de una década. Según esos testimonios, nunca interpuso una denuncia por temor a que el agresor la matara a ella o dañara a los niños. Las mismas fuentes apuntan que la víctima había estado en una casa de acogida para mujeres maltratadas en algún momento anterior.

El caso presenta un elemento especialmente perturbador desde el punto de vista institucional: apenas quince días antes del crimen, fue la propia víctima quien fue detenida, después de que el agresor la denunciara a ella por presuntos malos tratos hacia él y hacia los hijos. En aquel momento, la Fiscalía solicitó medidas de protección para los menores, pero el juzgado competente las rechazó en dos ocasiones distintas. La instrucción del caso actual deberá determinar si esa cadena de decisiones tuvo algún papel en el desenlace fatal.