El Departament d'Educació de la Generalitat mantuvo criterios especialmente elevados de exclusión de alumnado en las pruebas PISA, una práctica que, según se desprende de la información disponible, habría favorecido artificialmente la posición de Catalunya en los resultados de esa evaluación internacional. El volumen de alumnos eximidos y el criterio aplicado para esa exención guardan una estrecha similitud con los que el Departament utiliza también en las pruebas de competencias básicas propias.

La exclusión de determinados perfiles de alumnos —habitualmente aquellos con necesidades educativas especiales o con un dominio insuficiente del idioma de la prueba— es una práctica admitida por los protocolos de PISA dentro de ciertos umbrales. El problema que señala esta información es que Catalunya habría operado cerca o en el límite superior de esos márgenes permitidos, lo que distorsiona la comparabilidad real de sus resultados con los de otros sistemas educativos que aplican criterios más restrictivos en las exclusiones.

Un patrón sistemático que afecta también a las pruebas propias

Que el mismo criterio de alta exención se repita en las evaluaciones de competencias básicas que gestiona el propio Departament apunta a una pauta deliberada, no a una anomalía puntual. Esas pruebas internas son precisamente el instrumento con el que la Generalitat mide y publicita el rendimiento de su sistema educativo ante la ciudadanía y los medios. Si los criterios de exclusión en ambos tipos de pruebas son similares, cabe preguntarse en qué medida los resultados difundidos reflejan fielmente el nivel real del conjunto del alumnado catalán.

El contexto no es menor: Catalunya ha quedado excluida de futuras ediciones de PISA como consecuencia de irregularidades detectadas en la aplicación del proceso evaluador. La coincidencia entre los criterios de exención en las pruebas internacionales —que han derivado en esa exclusión— y los aplicados en las evaluaciones propias del Departament añade una capa de credibilidad a las dudas sobre la solidez metodológica con la que Educació ha gestionado la medición del rendimiento escolar en los últimos años.