Las prisiones catalanas atraviesan uno de sus momentos más críticos en los últimos años. En el transcurso de unos pocos días se han producido al menos tres incidentes de extrema gravedad: la fuga de un interno condenado por asesinato desde el centro penitenciario de Mas d'Enric, el homicidio de un recluso a manos de su compañero de celda en Quatre Camins, y un nuevo suicidio en ese mismo centro, el séptimo que se registra en cárceles catalanas solo en lo que va de año.

Ese último dato es especialmente llamativo: con varios meses aún por delante del cierre del ejercicio, las muertes por suicidio en prisión ya superan el total del año anterior. Se trata de una tendencia que exige una explicación institucional rigurosa, más allá de las declaraciones de circunstancias, y que apunta a condiciones de vida y de atención psicológica dentro de los centros que merecen un escrutinio público inmediato.

Una fuga que cuestiona los protocolos de salidas programadas

El caso de Mas d'Enric añade otra dimensión al problema. Que un interno condenado por asesinato consiga escaparse durante una salida programada al exterior —en este caso, a Tarragona— pone en entredicho los criterios de selección de beneficiarios de ese tipo de permisos y, sobre todo, los mecanismos de supervisión durante su ejecución. Las salidas programadas son un instrumento legítimo y necesario en el proceso de reinserción, pero su aplicación exige garantías que, en este caso, fallaron.

El Departament de Justícia de la Generalitat, responsable de la gestión penitenciaria en Catalunya —competencia transferida y que el Govern lleva gestionando durante décadas—, tiene que dar explicaciones concretas sobre qué protocolos se siguieron y por qué no fueron suficientes. Hasta el momento, la información oficial disponible es escasa.

Saturación como telón de fondo

La acumulación de estos incidentes no se produce en el vacío. Los datos apuntan a que la población reclusa en Catalunya está creciendo y que varios centros se aproximan a su capacidad máxima. La masificación en prisiones es un factor reconocido internacionalmente como agravante de la conflictividad interna, el deterioro de la salud mental de los internos y la dificultad para ofrecer programas efectivos de reinserción y atención psicológica.

La pregunta que corresponde hacerle al Govern no es solo qué ha pasado esta semana, sino qué inversión real se ha destinado en los últimos años a reforzar las plantillas de funcionarios de vigilancia, psicólogos y trabajadores sociales en los centros penitenciarios catalanes, y si la planificación de plazas ha seguido el ritmo del aumento de la población interna. Los incidentes en cadena de estos días sugieren que la respuesta, en alguno de esos puntos, no es satisfactoria.