La coalición de gobierno presidida por Pedro Sánchez llega al Consejo de Ministros del martes con una fisura abierta en su propio seno. Sumar ha lanzado este sábado un ultimátum explícito: si en la reunión ejecutiva de esta semana no se aprueba un decreto ley de vivienda, sus ministros no se sentarán en la mesa. No es una advertencia velada ni una filtración interesada, sino un comunicado oficial que convierte la vivienda en el primer pulso serio entre los dos socios de la coalición dentro del propio gabinete.

La presión de Sumar responde a meses de negociaciones internas que no han llegado a ningún acuerdo concreto. La formación liderada por Yolanda Díaz lleva tiempo reclamando medidas de intervención más agresivas en el mercado inmobiliario —control de precios, limitaciones al alquiler turístico, movilización del parque público— y considera que el tiempo de los compromisos verbales ha expirado. El martes, dice, es la fecha límite.

El PSOE frena el paso: primero el Congreso, luego el decreto

Desde las filas socialistas, la respuesta no es un rechazo frontal sino una advertencia de procedimiento. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trabaja contra el reloj para tener lista una propuesta, pero los socialistas no quieren repetir el error de sacar una norma por decreto que luego caiga en la primera votación parlamentaria de convalidación. El Congreso, con su aritmética fragmentada y la hostilidad de parte de los socios del Gobierno en materia de política de vivienda, es un filtro que el PSOE no está dispuesto a ignorar. Aprobar un decreto para que lo rechacen en Bruselas o en el hemiciclo sería, desde su óptica, peor que no aprobarlo.

La tensión pone de manifiesto una contradicción estructural del Ejecutivo de coalición: Sumar necesita resultados tangibles para justificar su papel en el gobierno ante un electorado que le exige diferenciarse del PSOE, mientras que los socialistas priorizan la viabilidad parlamentaria sobre la urgencia política del socio. Dos lógicas distintas, un mismo consejo de ministros.

Si el decreto no sale el martes y Sumar cumple su amenaza de no acudir a la reunión, sería la primera vez en la legislatura que un ministerio de la coalición boicotea formalmente una sesión del gabinete. Eso convertiría una disputa técnica sobre política de vivienda en una crisis de gobernabilidad de primer orden, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad del Ejecutivo en su conjunto.