La Consejería de Cultura de Castilla y León, controlada por Vox, ha incorporado a su convocatoria de subvenciones cinematográficas para 2026 una cláusula que veda la financiación pública de producciones que contengan «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». La medida, publicada en el boletín oficial de la comunidad y aplicable a largometrajes, documentales, ficción y pilotos de series, tiene alcance sobre todas las fases de producción, desde la preproducción hasta la distribución.

El diputado de Vox Carlos Hernández Quero ha definido esta iniciativa como un «aperitivo» de lo que el partido pretende extender al conjunto del Estado. Hernández Quero ha subrayado que el único criterio para el acceso a las ayudas debería ser la calidad de las obras, no el cumplimiento de cuotas o condicionantes ideológicos, y ha vinculado el modelo actual de subvenciones al «dominio de la izquierda en la cultura española durante los últimos años».

El Gobierno central responde con anuncio de recurso judicial y acusaciones de censura

La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que su departamento recurrirá la orden autonómica ante los tribunales, calificándola de «forma de censura». La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ido más lejos y ha acusado a Vox de querer imponer «su ideología fascista». El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado a comparar el gobierno de Castilla y León con una «dictadura».

La convocatoria autonómica no recoge en ningún punto que la Junta o Vox tengan capacidad de decisión sobre la dirección artística de las producciones, sino únicamente que las obras que incluyan proselitismo político quedan excluidas de la financiación pública castellanoleonesa.

Vox presiona también en el Congreso contra la futura ley del cine

A nivel estatal, Vox ya había presentado en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, norma que el partido considera «un sabotaje al sector» por mantener, a su juicio, «los problemas estructurales de un modelo basado en el gasto público sin control y en la utilización ideológica de la cultura». El diputado José Ramírez, que defendió esa enmienda, reclamó un modelo sin «tutela política ni redes clientelares» para los creadores españoles.

Castilla y León es la única comunidad autónoma donde Vox ocupa la cartera de Cultura, lo que limita por ahora el alcance territorial de la medida. El partido de Santiago Abascal busca, no obstante, trasladar ese modelo al ámbito nacional, tanto mediante la presión parlamentaria en el Congreso como a través de posibles acuerdos de gobierno en otras comunidades.