La Policía Nacional destituyó al inspector jefe del grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Vigo-Redondela que había alertado internamente de la existencia de un canal de Telegram con cerca de 300 integrantes —policías nacionales, guardias civiles y agentes de policías locales de Vigo y Pontevedra— en el que se compartían datos personales, fichas de vehículos, fotografías de detenidos y antecedentes policiales de cientos de ciudadanos sin ningún tipo de supervisión legal. El mando ejercía ese cargo desde abril de 2017 y fue apartado en septiembre de 2024, un mes después de presentar sus quejas.

En agosto de 2024, el inspector elevó una primera queja a la Comisaría de Vigo advirtiendo de un «aumento considerable» de consultas de antecedentes en el servicio policial de emergencias CIMACC O91, bajo su responsabilidad directa, y de que dichas consultas excedían lo permitido por la normativa. A continuación trasladó las mismas irregularidades a la Subdirección General de Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía, órgano responsable de los sistemas informáticos del cuerpo. No recibió ninguna respuesta. Semanas después, sus superiores le comunicaron su cese, calificado oficialmente de «reasignación de funciones».

Un canal activo durante seis años, con datos de aduanas y la DGT

Según la documentación aportada por el denunciante, el grupo «Alerta Policial Pontevedra» estuvo operativo entre noviembre de 2020 y 2026. Entre las capturas del chat presentadas como prueba figura un intercambio en el que un mando policial de O Porriño reconoce haber publicado información que le facilitaron desde el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. El denunciante señala además al jefe de la Policía Local de O Porriño como administrador del canal, y acusa a los responsables de la Comisaría de Vigo de haber obstaculizado cualquier investigación interna sobre los accesos indebidos a las bases de datos.

Agotada la vía policial, el inspector presentó denuncia ante la Fiscalía. El ministerio público abrió diligencias por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. Una jueza de O Porriño —municipio donde presuntamente operaba el administrador del chat— ha incoado una causa que ha declarado secreta, según confirmaron a la publicación fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El inspector también interpuso una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, pero el organismo rechazó iniciar pesquisas al considerar que debían ser los afectados por la filtración de sus datos quienes la presentaran.

El mando destituido ha recurrido además a los tribunales para impugnar su cese, al considerar que la «reasignación de funciones» fue una represalia directa por haber denunciado las irregularidades.