Pedro Sánchez ha enviado una carta formal a la Comisión Europea reclamando una videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior de la UE con carácter urgente, como respuesta directa a la crisis migratoria que sacudió Ceuta esta semana, cuando alrededor de 50.000 personas cruzaron irregularmente la frontera del enclave en un brevísimo lapso de tiempo.

En el escrito, el jefe del Ejecutivo defiende la gestión española argumentando que en menos de 48 horas se restableció el control de la frontera, se prestó asistencia humanitaria y se devolvió a prácticamente todos los migrantes que habían entrado, sin que se produjera ningún desplazamiento no autorizado hacia el continente europeo. Todo ello, subraya Sánchez, se logró en coordinación con las autoridades marroquíes y con un apoyo muy limitado por parte del resto de socios comunitarios.

La fractura entre socios: solidaridad de unos, presión de exclusión de otros

La carta distingue con claridad entre dos tipos de reacción dentro de la UE. Mientras una mayoría de gobiernos expresó apoyo y ofreció ayuda a España, otros optaron por exigir la suspensión temporal de la participación española en el espacio Schengen. Sánchez califica estas posturas de contrarias al Derecho de la Unión Europea, al Derecho internacional humanitario y a los principios de solidaridad que rigen la integración europea, y las atribuye a prejuicios, desinformación o intereses políticos internos.

El presidente emplea también un argumento técnico para desmontar esas peticiones de exclusión: Ceuta no forma parte del espacio Schengen, por lo que el debate sobre su pertenencia a dicho espacio carece de base jurídica. Añade además que Frontex sitúa a España entre las fronteras exteriores menos permeables de toda la Unión, un dato que contrasta con la narrativa de algunos gobiernos críticos.

Italia y el episodio del cierre de Schengen

El texto de Sánchez tiene como trasfondo inmediato la reacción de Italia, que anunció este viernes restricciones en el espacio Schengen antes de matizar horas después que dichas medidas no afectarían a ciudadanos españoles ni europeos, sino únicamente a nacionales de terceros países. El episodio ilustra la tensión que atraviesa el espacio de libre circulación europeo cada vez que una crisis fronteriza gana visibilidad política en los países del norte y del centro del continente.

La posición de Sánchez apunta a convertir la gestión de las fronteras exteriores en una responsabilidad colectiva de todos los Estados miembros, no solo de los situados en la primera línea mediterránea. Es un argumento recurrente de los países del sur de Europa —España, Italia, Grecia— que choca sistemáticamente con la resistencia de los socios del norte a asumir cuotas de responsabilidad o acogida. La convocatoria de una reunión extraordinaria es, en ese sentido, tanto una respuesta a la crisis inmediata como un intento de forzar un debate estructural que Bruselas lleva años aplazando.