Benjamin Netanyahu aterriza en Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, y lo hace con una orden de arresto internacional pendiente sobre su cabeza, emitida por el Tribunal Penal Internacional. El viaje no es solo una visita diplomática: es, en sí mismo, un acto político que pone a prueba la consistencia del orden jurídico internacional y el peso real de las instituciones creadas precisamente para que nadie quede por encima de la ley.

El TPI emitió la orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra relacionados con la ofensiva militar israelí en Gaza. En teoría, cualquier país firmante del Estatuto de Roma estaría obligado a detenerle si pisara su territorio. Estados Unidos, sin embargo, no es parte del tratado, lo que convierte el desplazamiento a Washington en un movimiento calculado: Netanyahu sabe que allí no corre ningún riesgo procesal. Trump, por su parte, ha dejado claro en múltiples ocasiones su desdén hacia el tribunal y su apoyo incondicional a Israel.

El gesto que vale más que las palabras

Más allá de lo que se diga en la reunión, el propio acto de recibirle con honores en el Despacho Oval envía un mensaje inequívoco al resto del mundo: para la administración Trump, la orden del TPI es papel mojado. Esa señal no la reciben solo los aliados de Israel, sino también otros líderes con cuentas pendientes ante tribunales internacionales, que toman nota de qué pasa cuando Washington decide mirar hacia otro lado.

La visita llega en un momento de enorme tensión en Oriente Próximo, con la ofensiva en Gaza sin resolución a la vista y con la presión diplomática europea creciendo sobre Israel. Netanyahu necesita la foto con Trump tanto o más de lo que Trump la necesita a él: el respaldo del presidente estadounidense le da oxígeno político interno en un contexto en el que enfrenta procesos judiciales propios en Israel y una coalición de gobierno frágil.

Europa ante el espejo

El contraste con la posición europea resulta incómodo. Varios países de la UE, entre ellos algunos que se han pronunciado públicamente en favor de la jurisdicción del TPI, observan cómo el principal aliado occidental no solo ignora la orden sino que alfombra roja al imputado. Esa brecha entre el discurso multilateralista europeo y la realidad de la política de poder anglosajona no es nueva, pero esta visita la hace más visible que nunca.

Para quienes creen en la universalidad de la justicia internacional, el precedente que se consolida esta semana en Washington es preocupante: las órdenes del TPI tienen vigencia donde el poder quiere que la tengan, y en ningún otro lugar.