La Fiscalía Europea mantiene abiertas en España alrededor de 74 investigaciones relacionadas con la gestión de los fondos Next Generation, con un perjuicio económico todavía sin cuantificar. El Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez solo comunicó a Bruselas 11 de esos casos de presunto fraude en el mismo periodo, entre 2021 y finales de 2024, según el análisis del organismo fiscalizador.

Los delitos que centran las pesquisas son malversación, fraude y tráfico de influencias. Varios de los procedimientos abiertos tienen un alto perfil público. En el caso Cerdán, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha investigado presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública y posibles comisiones ligadas a contratos cuyo importe conjunto alcanza cientos de millones de euros, parte de ellos con financiación europea. La Fiscalía Europea llegó a estudiar si esos contratos entraban dentro de su ámbito de competencia.

El caso Begoña Gómez ha incorporado también líneas de investigación sobre contratos y ayudas públicas concedidas a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés. Por su parte, el caso Plus Ultra generó dudas sobre el origen y destino de los recursos utilizados en el rescate de la aerolínea y sobre los mecanismos de supervisión aplicados. El episodio más reciente afecta al Ministerio de Igualdad, donde la Fiscalía Europea investiga un presunto fraude en la adquisición de pulseras telemáticas para el control de agresores en casos de violencia de género.

El Tribunal de Cuentas señala problemas estructurales, no solo expedientes concretos

Más allá de los procedimientos judiciales, el Tribunal de Cuentas español ha identificado deficiencias de carácter estructural en la distribución de los fondos. El organismo cuestionó el empleo de 2.389 millones de euros procedentes de créditos sobrantes del plan europeo para sufragar el pago de pensiones y complementos a mínimos. El Tribunal no declaró la operación ilegal, pero puso en duda la fórmula presupuestaria utilizada para financiar gastos de carácter permanente con recursos vinculados al Plan de Recuperación.

El informe también detectó anomalías en Adif: posibles alteraciones de puntuaciones en procedimientos de contratación financiados con fondos europeos, con valoraciones que, según el Tribunal, carecían de la transparencia y motivación suficientes y podían amparar decisiones arbitrarias.

Los fiscalizadores apuntan además a dificultades estructurales para rastrear el recorrido del dinero: la concentración de adjudicaciones en grandes empresas, el acceso limitado de las pymes a las ayudas y la renuncia a parte de la financiación inicialmente prevista. Cualquier irregularidad acreditada puede comprometer no solo la devolución de fondos a Bruselas, sino también la disposición de la Unión Europea a confiar a España la gestión de futuras partidas comunitarias.