El equipo jurídico de Carles Puigdemont ha presentado un escrito ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que reclama una resolución inmediata sobre la aplicación de la ley de amnistía a la causa que afecta al expresident de la Generalitat. La defensa argumenta que, una vez se han pronunciado tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Constitucional (TC), no existe justificación para prolongar la espera.

En el escrito, la representación legal de Puigdemont apela a la necesidad de alcanzar lo que denomina «normalització institucional», expresión con la que justifica la urgencia de que el Supremo tome partido sobre si la amnistía resulta de aplicación en este caso. La petición llega en un momento en que el procedimiento judicial contra el líder de Junts acumula sucesivos pronunciamientos de instancias superiores que, según la defensa, despejan los argumentos para una resolución favorable.

El papel del TJUE y el TC en el debate sobre la amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional han emitido en los últimos meses criterios que distintas partes interpretan de forma divergente respecto al alcance de la ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales. La defensa de Puigdemont considera que esas resoluciones allanan el camino para que Llarena archive o suspenda las actuaciones contra el expresident, mientras que el propio Supremo ha mantenido hasta ahora una postura prudente, planteando incluso nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE en relación con otros aspectos del proceso.

El juez Llarena es quien instruye la causa por los delitos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017, en la que Puigdemont figura como investigado en situación de rebeldía desde que abandonó España en octubre de aquel año. La cuestión de si la amnistía extingue esa responsabilidad penal sigue siendo objeto de controversia jurídica y no está resuelta definitivamente ante el Supremo.