La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha dictado una nueva batería de diligencias en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes por Ceuta el pasado 30 de julio, con el objetivo de establecer con precisión quién fue informado de las alertas previas y qué autoridades decidieron no adoptar medidas urgentes pese a conocerlas.

En su resolución, la jueza requiere a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Ceuta, el Gobierno de la ciudad autónoma, la Autoridad Portuaria y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa que remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales disponibles en los días previos al incidente. La documentación debe abarcar también al Ejército de Tierra, Mar y del Aire y al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Una cadena de alertas que no derivó en actuación

El núcleo de la investigación se centra ahora en determinar el recorrido de la información dentro de la cadena de mando. Varios testigos han declarado ante Tardón que en las reuniones celebradas los días previos al 30 de julio se expuso reiteradamente la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se transmitió a las autoridades competentes la necesidad de intervenir. La jueza quiere verificar el contenido exacto de esas advertencias y la postura adoptada por cada institución.

Uno de los testimonios que más peso tiene en el sumario es el del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, quien afirmó que en los días previos se elaboraron informes internos y se elevó al Ejecutivo central la necesidad de actuar ante el incremento de entradas ilegales en julio. A ese testimonio se suma el informe entregado la semana pasada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el que el organismo asegura haber emitido alertas tempranas tanto a la Delegación del Gobierno como a las autoridades marroquíes.

La pista de Ahmed, confidente de la Guardia Civil

Entre las diligencias acordadas también figura la localización de un individuo identificado como Ahmed, descrito como confidente de la Guardia Civil. Su testimonio podría aportar información sobre el conocimiento previo que tenían las fuerzas de seguridad sobre la concentración de personas en el lado marroquí de la frontera durante los días anteriores al asalto masivo.

La magistrada subraya que el conjunto de la documentación requerida resulta esencial para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de esa información, las solicitudes de refuerzo que se formularon, las decisiones que adoptaron las distintas autoridades y si los informes llegaron efectivamente a quienes debían recibirlos. Con este nuevo bloque de diligencias, Tardón busca reconstruir minuto a minuto el proceso de toma de decisiones —o la ausencia de ellas— que precedió a la entrada masiva por la ciudad autónoma.