El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno de España contra la medida cautelar que suspendió las inscripciones en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la denominada Ley de Nietos. La decisión judicial deja sin efecto esas altas censales y confirma que este colectivo no podrá ejercer el voto en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Ley de Nietos —aprobada en 2022 y formalmente conocida como Ley de Memoria Democrática— amplió el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de exiliados y emigrantes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Miles de personas, principalmente en América Latina, obtuvieron la nacionalidad por esta vía y procedieron a inscribirse en el registro consular, lo que les habría permitido participar como electores en el extranjero. La controversia judicial surgió al cuestionarse si esas inscripciones se ajustaban a los plazos y requisitos establecidos para figurar en el censo y poder votar en una convocatoria electoral concreta.

El Gobierno no logra revertir la suspensión cautelar

El Ejecutivo de Pedro Sánchez impugnó ante el Supremo la medida cautelar que había acordado suspender esas inscripciones, argumentando que su exclusión del censo vulneraba derechos adquiridos. El alto tribunal ha rechazado ese planteamiento y ha mantenido la suspensión en vigor, lo que equivale a confirmar que los afectados quedan fuera del padrón electoral para los comicios de noviembre.

La resolución tiene un alcance práctico inmediato: los plazos electorales no permiten reabrir el proceso de inscripción antes de la celebración de las elecciones, por lo que la exclusión del censo de este colectivo queda consolidada para el 29-N con independencia de lo que pueda resolver el Supremo en el fondo del asunto en una fase posterior del procedimiento.

El número exacto de personas afectadas no consta detallado en las fuentes disponibles, pero los registros consulares habían procesado decenas de miles de solicitudes bajo esta ley en los años previos, con especial concentración en países como Argentina, México o Venezuela.