El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la fase de instrucción del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y ha acordado la apertura de juicio oral por los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La vista se celebrará ante un tribunal con jurado popular, lo que añade una dimensión política y mediática de primer orden a un procedimiento que ya ha sacudido la agenda nacional durante meses.

La decisión del magistrado llega después de aproximadamente dos años de instrucción, un proceso que ha estado marcado desde el inicio por la controversia: la defensa de Gómez y sectores del Gobierno han cuestionado reiteradamente la imparcialidad y las formas del instructor, mientras que la acusación popular ha presionado para que la causa avanzara. Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha concluido que existen indicios suficientes para sentar a la investigada en el banquillo.

Jurado popular: una decisión con peso jurídico y político

Que el juicio se dirima ante un jurado ciudadano y no ante un tribunal profesional no es un detalle menor. En España, el tribunal del jurado interviene en un número limitado de tipos delictivos, entre los que se encuentran precisamente los delitos contra la Administración Pública, categoría bajo la que se encuadran tanto la malversación como el tráfico de influencias. La participación de ciudadanos legos en la deliberación convierte el proceso en un escrutinio aún más expuesto a la opinión pública.

Los cargos que sostiene la acusación vinculan a Begoña Gómez con el presunto uso indebido de recursos o influencias derivadas de su posición como esposa del jefe del Ejecutivo, aunque los detalles precisos de los hechos que se juzgarán quedarán fijados definitivamente en el escrito de acusación que formule el fiscal y las acusaciones personadas. La apertura de juicio oral no implica condena, pero sí que el instructor considera que la causa reúne suficiente solidez para superar ese umbral.

El caso se convertirá en uno de los juicios de mayor proyección política de la legislatura, con un Gobierno que ha defendido en todo momento la inocencia de Gómez y ha enmarcado la investigación como parte de una ofensiva judicial y mediática contra el presidente Sánchez.