Carlos Mazón volvió este lunes al Congreso de los Diputados para comparecer por segunda vez ante la comisión de investigación sobre la catástrofe de la DANA, mientras decenas de familiares de las víctimas mortales se concentraban a las puertas de la Cámara Baja para exigir respuestas que el expresident de la Generalitat Valenciana no parece dispuesto a dar. La escena —políticos debatiendo dentro, dolor y rabia fuera— resume con crudeza el estado de un asunto que sigue sin cerrarse casi un año después de la tragedia.

Desde el primer momento de su intervención, Mazón dejó clara su estrategia: desvincularse de cualquier responsabilidad en la gestión de la emergencia y acogerse al proceso judicial abierto por la jueza de Catarroja para negarse a realizar, según sus propias palabras, ninguna declaración pública sobre los hechos mientras la instrucción siga en curso. Una posición que, técnicamente, le permite comparecer sin decir nada sustancial, y que la mayoría plurinacional que controla la comisión recibió con dureza.

Aforamiento como escudo

Mazón conserva el estatuto de aforado pese a haber abandonado la presidencia de la Generalitat Valenciana tras el devastador balance de la riada. Esa condición mantiene su causa bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, lo que añade una capa de complejidad jurídica a su situación procesal y le proporciona, de paso, cierta cobertura política para esquivar preguntas incómodas tanto en sede judicial como en sede parlamentaria.

La presión de las víctimas en las inmediaciones del Congreso pone de manifiesto que, para muchas familias, el recorrido institucional —comisiones, comparecencias, recursos— no ha traducido todavía en ninguna rendición de cuentas real. Las protestas se suceden cada vez que Mazón o cualquier otro cargo relacionado con la gestión de la catástrofe tiene que dar la cara ante los representantes de los ciudadanos.

La comisión de investigación, dominada por los grupos de la mayoría que apoyó la moción de censura a Mazón, ha convertido estas comparecencias en un pulso político permanente entre quienes exigen explicaciones sobre la cadena de mando durante las horas críticas del 29 de octubre y quienes, desde el PP, defienden que la actuación autonómica fue correcta dentro de las circunstancias excepcionales de la emergencia. Mazón, por su parte, opta por no alimentar ese debate mientras los tribunales trabajan.