Claves
- Vox controlará los servicios de atención a víctimas de violencia de género en Andalucía
- La atribución figura en el decreto de estructura de la consejería en manos de Vox
- Es la única consejería que el PP andaluz cedió a Vox en el pacto de gobierno
- Vox ha defendido históricamente la derogación de la ley de violencia de género
El gobierno andaluz presidido por el popular Juanma Moreno Bonilla ha transferido a Vox, a través del decreto de estructura orgánica de la consejería que ese partido controla, la gestión de los servicios destinados a valorar y atender a las víctimas de violencia de género en Andalucía. Así lo adelantó elDiario.es y lo confirmó posteriormente el diario Ara consultando directamente el texto del decreto.
La única consejería que el PP andaluz entregó a su socio de gobierno en el momento de pactar el ejecutivo de coalición —la de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local— es la que, según ese decreto, quedará con atribuciones en materia de violencia de género. Se trata de un área políticamente sensible, dado que Vox ha cuestionado de forma reiterada tanto el concepto de violencia de género como las políticas públicas destinadas específicamente a combatirla, oponiéndose en el Parlamento nacional a la ley que le da cobertura y promoviendo su derogación.
Una consejería con un perfil ideológico incompatible con el área que ahora gestiona
El encaje resulta llamativo desde el punto de vista institucional: la formación que ha hecho de la crítica a las políticas de igualdad y a la legislación sobre violencia de género uno de sus ejes programáticos pasa a tener competencia ejecutiva sobre los servicios que, precisamente, esa legislación pone en marcha. El decreto de estructura, que es el instrumento jurídico que distribuye las funciones entre los distintos organismos de la consejería, no deja margen a la interpretación: la atribución es explícita.
Moreno Bonilla, que ha defendido en todo momento su gestión como un gobierno moderado y ha mantenido públicamente distancias con los posicionamientos más radicales de Vox en materia de igualdad, asume con esta decisión una contradicción de fondo difícil de justificar: la distribución competencial acordada con su socio coloca en manos de quienes rechazan el marco conceptual de la violencia de género la responsabilidad operativa sobre los mecanismos de protección a sus víctimas.
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