Junts per Catalunya salió este lunes en defensa de los tres agentes de los Mossos d'Esquadra procesados por su presunta implicación en la fuga de Carles Puigdemont en agosto de 2024. El portavoz del partido, Josep Rius, rechazó abiertamente la acción judicial y la definió no como un ejercicio legítimo de la justicia, sino como un acto de represalia política contra quienes habrían actuado, según su relato, movidos por convicciones propias.

Rius utilizó un lenguaje deliberadamente cargado al hablar de 'persecución' por parte de la justicia española, una terminología habitual en el discurso de Junts cuando afronta procedimientos judiciales que afectan a su órbita política. La formación ha optado, una vez más, por presentar la actuación de los tribunales como una extensión de la confrontación política entre el Estado y el independentismo, antes que como un proceso judicial ordinario derivado de hechos presuntamente delictivos.

Tres Mossos investigados por una fuga que generó una crisis institucional

El trasfondo del caso remite al regreso de Puigdemont a Cataluña en agosto de 2024, un episodio que provocó una notable tensión institucional. El expresidente, que llevaba años huido de la justicia española, regresó brevemente al territorio catalán y volvió a salir sin ser detenido, pese a contar con una orden de arresto vigente. La actuación —o la inacción— de algunos agentes de los Mossos durante aquella jornada quedó bajo escrutinio judicial, y tres de ellos han acabado procesados por su papel en los hechos.

El procesamiento de funcionarios del cuerpo policial autonómico por conductas relacionadas con la actividad política del independentismo plantea una pregunta incómoda que Junts prefiere esquivar: si agentes de los Mossos antepusieron lealtades políticas al cumplimiento de sus obligaciones legales, la responsabilidad última de esa cultura institucional recae también sobre quienes han gobernado la Generalitat durante años y han utilizado el cuerpo como herramienta del proyecto soberanista. Esa dimensión de la cuestión brilla por su ausencia en las declaraciones de Rius.

La posición de Junts, que equipara sistemáticamente cualquier acción judicial contra su entorno con 'venganza' o 'persecución', refuerza la narrativa victimista del partido, pero dificulta cualquier debate serio sobre las obligaciones de los funcionarios públicos con independencia de sus convicciones personales. Los tres agentes procesados tendrán la oportunidad de defenderse ante los tribunales; ese es precisamente el funcionamiento del Estado de derecho que Junts dice defender cuando le conviene.