Junts per Catalunya ha dejado claro que no respaldará ninguna fórmula parlamentaria que altere el esquema establecido el año pasado para distribuir entre comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, y traslada esa misma negativa al actual debate sobre los menores concentrados en Ceuta. La formación de Carles Puigdemont invoca el decreto de medidas urgentes aprobado en marzo de 2024 como el marco vigente e inamovible, y advierte de que no aceptará ninguna modificación de ese acuerdo.

La portavoz parlamentaria Miriam Nogueras ha articulado la posición de Junts en un comunicado en el que afirma que Catalunya ya acoge menores «muy por encima de sus capacidades», al tiempo que otras comunidades «eluden sus responsabilidades». Con ese argumento, la formación posconvergente reclama que el Gobierno central tramite de forma urgente la ley que cede a la Generalitat las competencias en materia de inmigración, una petición recurrente del partido que hasta ahora no ha prosperado.

Un pulso competencial con larga historia de fracasos

La demanda de Junts sobre el traspaso de competencias migratorias a Catalunya no es nueva. El año pasado, el Congreso rechazó una delegación competencial en esa misma materia después de que Podemos se negara a apoyarla. Posteriormente, coincidiendo con el debate sobre la regularización extraordinaria de migrantes, se especuló con una posible reactivación de la propuesta, pero la formación morada condicionó su voto a cambios en el preámbulo del texto y el asunto quedó definitivamente paralizado sin avances posteriores.

La postura de Junts se suma a la de las comunidades gobernadas por el PP y Vox, que también han adelantado su rechazo al reparto de los menores que en estos momentos están en Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, lleva días reclamando que el resto de administraciones asuman parte de esa carga: según los datos que maneja la delegación del Gobierno en Ceuta, hay actualmente unos 500 menores no acompañados en la ciudad.

El resultado práctico de esta convergencia de vetos —Junts por un lado, PP y Vox por otro, aunque con argumentos distintos— es que cualquier mecanismo de distribución que el Gobierno de Pedro Sánchez quisiera impulsar en el Congreso se enfrenta a una aritmética parlamentaria muy complicada. Junts, cuyo apoyo es determinante para la estabilidad del Ejecutivo central en muchas votaciones, utiliza este asunto tanto como palanca para reclamar competencias como para marcar distancias con una política migratoria que considera insuficiente para Catalunya.