La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado formalmente una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras conocerse que el gobierno autonómico del PP ha dejado en manos de Vox la gestión del servicio encargado de valorar a las víctimas de violencia de género en la comunidad andaluza. La decisión, que implica que la ultraderecha asume competencias directas sobre una materia especialmente sensible, ha desencadenado una respuesta inmediata desde el ministerio.

El trasfondo político de la maniobra es difícil de ignorar: Vox, que niega sistemáticamente la violencia de género como categoría diferenciada y ha promovido su equiparación con la violencia doméstica genérica, pasa a controlar precisamente el mecanismo institucional que determina quién es reconocida como víctima. La contradicción entre el discurso del partido y las atribuciones que ahora ejerce es el núcleo del malestar que ha expresado el Ministerio de Igualdad.

Moreno en el ojo del huracán por el reparto de competencias

El presidente andaluz asume así el coste político de un acuerdo de gobierno que coloca al PP en una posición incómoda: ser quien ampara que una formación abiertamente contraria a la legislación de violencia de género administre los recursos destinados a proteger a las víctimas de esa misma violencia. Redondo no ha dirigido sus críticas exclusivamente a Vox, sino al propio Moreno, a quien interpela como máximo responsable de la decisión.

Desde el ministerio no se han facilitado más detalles sobre el contenido concreto que se abordaría en esa reunión, ni sobre qué medidas podría adoptar el Gobierno central si Moreno no responde a la convocatoria o si la reunión no produce resultados. La solicitud se produce, no obstante, en un marco de tensión competencial entre el Estado y algunas comunidades autónomas en materia de igualdad y servicios sociales.