Han transcurrido dos meses desde que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias. La noticia, que estalló el 19 de mayo con la contundencia de un hecho sin precedentes en la reciente historia política española, situó al exjefe del Gobierno y estrecho colaborador de Pedro Sánchez en el centro de una investigación judicial de primer orden. Desde entonces, el caso ha avanzado en los tribunales, pero uno de sus elementos más llamativos sigue sin recibir respuesta satisfactoria.

Cuando Zapatero compareció ante el magistrado instructor, la declaración se prolongó cerca de tres horas. El exPresidente negó de forma categórica todas las acusaciones que pesan sobre él y rechazó cualquier vinculación con la supuesta red investigada. Sin embargo, según la información disponible, la comparecencia dejó sin resolver la cuestión de unas joyas con un valor tasado en 1,3 millones de euros que la Policía Nacional habría relacionado con el caso. Ese silencio sobre un elemento tan concreto y cuantificable no es un detalle menor en una investigación por tráfico de influencias.

El peso del silencio sobre 1,3 millones en joyas

En cualquier causa por corrupción o tráfico de influencias, los bienes de origen incierto constituyen uno de los pilares sobre los que el instructor construye el relato indiciario. El hecho de que Zapatero no haya ofrecido explicación pública ni judicial sobre esas joyas —o al menos no haya trascendido ninguna que satisfaga las preguntas de la instrucción— mantiene abierto un flanco sustancial de la investigación, más allá de las negaciones generales que el exPresidente sí trasladó al juez.

Zapatero ha ocupado en los últimos años un papel discreto pero constante junto a Sánchez, ejerciendo como interlocutor en escenarios internacionales sensibles, entre ellos Venezuela. Esa posición de influencia real, aunque ajena a cualquier cargo institucional formal, es precisamente el contexto en el que el juez enmarca la investigación. La imputación no parte de la nada: la Audiencia Nacional entendió que había indicios suficientes para sentar al exjefe del Gobierno como investigado, lo que en sí mismo constituye un hecho de enorme gravedad institucional independientemente de cuál sea el desenlace del proceso.

El caso continúa bajo instrucción. Lo que por ahora queda en pie, dos meses después del auto de imputación, es la pregunta que el propio juez necesita responder: de dónde proceden esas joyas y cuál es su relación, si la hay, con la actividad que la investigación pone bajo la lupa.