Hay catástrofes naturales que llegan cuando un país tiene cierta capacidad de respuesta, y hay catástrofes que llegan cuando un país apenas puede tenerse en pie. Colombia está viviendo la segunda variante. El terremoto de magnitud 7,4 registrado en su zona occidental no es solo una tragedia humanitaria de primer orden: es un golpe brutal a un Estado en el que la crisis política previa ha vaciado de contenido las instituciones que ahora mismo deberían estar coordinando la emergencia.

El trasfondo político es inseparable del análisis de esta catástrofe. El nuevo presidente, el populista de derechas Abelardo de la Espriella, accedió al cargo tras unas elecciones extraordinariamente ajustadas que dejaron al país fracturado. Tan profunda fue esa fractura que ni siquiera fue posible articular un traspaso de poderes pacífico y ordenado con la administración saliente. De la Espriella llegó al poder con el país dividido y con la maquinaria institucional tocada, no reforzada, por el proceso electoral.

Un gobierno nuevo sin rodaje ante una emergencia máxima

Los primeros compases de cualquier ejecutivo son los de mayor vulnerabilidad operativa: los equipos no están aún cohesionados, los canales de coordinación interministerial no se han probado bajo presión, y las lealtades dentro de la administración del Estado siguen siendo inciertas. Colombia tiene ahora mismo, precisamente, un gobierno en esa fase embrionaria —y lo tiene que gestionar una emergencia que requeriría la máxima capacidad institucional disponible.

La interrupción de contactos entre la administración entrante y la saliente, un hecho que en circunstancias normales ya sería políticamente grave, adquiere ahora una dimensión adicional: significa que el gobierno de De la Espriella llegó al poder sin los briefings técnicos completos, sin la transferencia de información sobre protocolos de emergencia y sin la continuidad administrativa que en un país sísmicamente activo como Colombia no es un lujo, sino una necesidad básica.

Cuando la política debilita la respuesta humanitaria

La comunidad internacional tendrá que calibrar muy pronto a quién ofrece ayuda y a través de qué canales. Un ejecutivo que llegó al poder en medio de la confrontación política y que no completó el traspaso con la administración anterior presenta interrogantes reales sobre su capacidad de absorber y distribuir eficazmente la asistencia exterior. No es una cuestión ideológica: es una pregunta técnica y logística que los organismos de ayuda humanitaria no pueden ignorar.

El perfil populista de De la Espriella añade otra capa de complejidad. Los líderes populistas —de izquierda o de derecha— tienden a gestionar las catástrofes con un componente escénico muy marcado, utilizando la emergencia como palanca de legitimación política. Eso no es necesariamente incompatible con una respuesta eficaz, pero sí introduce el riesgo de que las decisiones operativas queden subordinadas a los intereses de imagen del nuevo ejecutivo en un momento en que cada hora cuenta.

Colombia necesita ahora lo que precisamente le falta: una arquitectura institucional cohesionada, una transición política que no haya destruido los puentes entre administraciones y un liderazgo que priorice la gestión técnica sobre el rendimiento político. El terremoto, con toda su brutalidad geológica, ha llegado a revelar con una claridad despiadada el coste real de una crisis política que muchos preferían leer solo en clave electoral.