La controvertida operación inmobiliaria protagonizada por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí ha dado un nuevo salto institucional. Un abogado ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al entender que la compra —y posterior venta— de un ático de 485 metros cuadrados destinado, según trascendió, a residencia oficial de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, habría generado lo que el denunciante describe como un «daño cierto y evaluable» a las arcas públicas.

El caso saltó a la actualidad la semana pasada tras una información de El País que desveló los detalles de la transacción. Según esa información, la Comunidad adquirió el inmueble de lujo y lo vendió posteriormente, lo que habría implicado condiciones económicas desfavorables para el patrimonio regional. El denunciante aduce que la «imposibilidad de acceder» a la documentación sobre esta operación le impidió obtener información por sus propios medios, lo que le llevó a poner los hechos en conocimiento del órgano fiscalizador para que sea este quien ejerza sus facultades de investigación.

El Tribunal de Cuentas, árbitro de una operación opaca

El Tribunal de Cuentas es el organismo constitucional encargado de fiscalizar el gasto público del Estado y de las comunidades autónomas. Su intervención en este asunto, aunque todavía en fase de denuncia —sin que ello implique apertura formal de un expediente de responsabilidad contable—, añade presión institucional sobre el Gobierno madrileño para que facilite información detallada sobre la operación: precio de compra, precio de venta, intermediarios, condiciones del contrato y justificación del gasto.

La opacidad en torno a la documentación, señalada expresamente en la denuncia, es precisamente uno de los elementos más problemáticos del asunto. Que un ciudadano deba acudir al máximo órgano de control del gasto público porque no puede acceder a información sobre una transacción realizada con dinero de todos los madrileños no es un detalle menor: revela, cuando menos, una gestión alejada de los estándares de transparencia que cabría exigir a cualquier administración responsable.

El PP y el Gobierno de Ayuso no han ofrecido, hasta el momento, una explicación pública detallada sobre las condiciones económicas de la operación ni sobre los motivos que llevaron a adquirir y después desprenderse de un ático de esas características y precio. La falta de respuesta ha alimentado la controversia más que cualquier especulación.