José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito ante el juez José Luis Calama para reclamar que se fijen límites precisos al examen de sus cuentas bancarias, tras la autorización judicial que permite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acceder a esa información. La defensa del expresidente socialista considera que la habilitación concedida es excesivamente amplia y carece de las restricciones necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales.

El abogado de Zapatero ha argumentado que la resolución del juez Calama abre la puerta a un nivel de intromisión en la vida privada de su cliente que no puede quedar supeditado al libre criterio operativo de la UDEF. En su razonamiento, la ausencia de contornos claros en la autorización convierte la investigación en un escrutinio potencialmente ilimitado, lo que a su juicio vulnera el derecho a la intimidad reconocido constitucionalmente.

La UDEF, en el centro de la controversia

El recurso de la defensa apunta directamente a la discrecionalidad con la que la unidad policial especializada en delitos económicos podría operar si el juez no precisa el alcance exacto de las pesquisas. Los abogados de Zapatero sostienen que corresponde al órgano judicial —y no a los investigadores— fijar qué información puede ser consultada, durante qué período y con qué finalidad concreta, como garantía mínima del control jurisdiccional sobre la actuación policial.

La causa está instruida por el juez Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en las que el nombre del expresidente ha aparecido en el marco de la investigación. Zapatero no ha sido imputado formalmente, pero la orden de acceso a sus cuentas eleva significativamente su exposición procesal y convierte el caso en un asunto de primer orden político y judicial.