La Comunidad de Madrid anunció este martes la venta de un ático de lujo situado en el distrito madrileño de Chamberí, un día después de que la compra del inmueble se hiciera pública y generara una considerable controversia. El gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso justificó la operación alegando que los ingresos obtenidos se destinarán a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los macroincendios forestales que devastaron parte de la comunidad.

El problema es que esa relación no tiene ningún amparo legal. La legislación vigente no contempla que la venta de inmuebles de titularidad pública pueda vincularse de forma directa y específica a un fondo de reconstrucción por catástrofes naturales. La justificación ofrecida por el ejecutivo madrileño carece, por tanto, de base normativa que la respalde, lo que convierte el argumento en una respuesta de gestión de imagen más que en una medida con cobertura jurídica real.

Una compra que salió a la luz antes de tiempo

La cronología resulta reveladora: el gobierno autonómico adquirió el inmueble, la operación trascendió públicamente y, solo entonces, las autoridades madrileñas salieron a dar explicaciones sobre el uso que se haría del activo. La decisión de venderlo se produjo con posterioridad a la presión informativa, no antes. Ese orden de los hechos dificulta sostener que la venta fuera parte de una estrategia planificada de financiación de la reconstrucción.

La polémica se suma a un contexto en el que la gestión del patrimonio inmobiliario público está sometida a un escrutinio creciente en distintas administraciones españolas. En este caso concreto, la Comunidad de Madrid no ha aclarado cuánto pagó por el ático de Chamberí, en qué precio prevé venderlo ni en qué plazo, datos que resultan esenciales para valorar si la operación genera algún beneficio real para las arcas públicas o si, por el contrario, supone una pérdida patrimonial.