El Gobierno central analiza cómo activar los mecanismos legales disponibles para distribuir entre las distintas comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados que accedieron a Ceuta a nado cruzando desde territorio marroquí. La ciudad autónoma calcula que el número de llegadas ronda el millar, aunque su propio portavoz, Alejandro Ramírez, reconoció este martes que aún no es posible ofrecer una cifra exacta porque el proceso de localización e incorporación al sistema de protección sigue en curso.

La dimensión de la llegada, inusitada incluso en el contexto de una ciudad que históricamente ha absorbido presión migratoria intensa, ha desbordado la capacidad de respuesta local y ha colocado el asunto en el centro del debate político nacional. Ceuta no cuenta con recursos suficientes para atender a un volumen de menores de estas características, lo que convierte el eventual reparto territorial en una necesidad operativa, más allá de la controversia política que genera.

La derecha se moviliza contra cualquier mecanismo de distribución

El anuncio de que el Gobierno contempla distribuir a estos menores entre el resto del territorio ha desatado una respuesta inmediata y contundente por parte del Partido Popular y Vox. Ambas formaciones se oponen frontalmente a cualquier fórmula de reparto, argumentando que supondría un incentivo para nuevas llegadas y que las comunidades gobernadas por el PP no están obligadas a asumir las consecuencias de una gestión migratoria que consideran fallida por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este choque reproduce un patrón ya visto con la crisis de menores no acompañados en Canarias, donde la negativa de varias comunidades autónomas a participar en mecanismos de acogida obligó al Gobierno a buscar fórmulas alternativas. La reforma de la Ley de Extranjería que pretendía hacer vinculante ese reparto no llegó a prosperar en su momento, lo que deja al ejecutivo central con un margen de maniobra jurídico limitado si las comunidades rechazan la cooperación voluntaria.

Menores en el limbo mientras se dirime la batalla política

Mientras la disputa se libra en términos electorales y de relato, los menores localizados permanecen en un sistema de protección cuya capacidad en Ceuta está claramente rebasada. La indefinición sobre cuántos son exactamente —el gobierno local admite que el recuento sigue abierto— complica además cualquier planificación de recursos a corto plazo. El derecho internacional y la legislación española obligan a dispensar protección a estos menores con independencia de su situación administrativa, lo que hace inevitable que el Estado deba articular una respuesta, con o sin consenso político.