La Audiencia Nacional ha dado por concluida la fase oral del juicio del caso Kitchen después de cuatro meses de sesiones. El tribunal entrará ahora en deliberaciones para dictar sentencia sobre uno de los procedimientos más sensibles de la reciente historia política española: una supuesta operación policial ilegal orquestada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación comprometedora en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el banquillo han comparecido los principales responsables del ministerio de aquel período, encabezados por el exministro Jorge Fernández Díaz. La tesis de las acusaciones sostiene que se montó un dispositivo policial al margen de cualquier control judicial con el objetivo de robar a Bárcenas información relativa a la denominada caja B del Partido Popular, lo que habría servido para neutralizar al extesorero como fuente de evidencias contra el partido.

La defensa, con una estrategia unificada: se trataba de proteger a Bárcenas de ETA

Frente a esa acusación, todos los imputados han mantenido durante el juicio una posición absolutamente coordinada. Según la versión de las defensas, la operación tenía una finalidad legítima: proteger al propio Bárcenas ante una supuesta amenaza de la organización terrorista ETA, y no sustraerle documentos. Una versión que las acusaciones han rebatido con insistencia a lo largo de las sesiones, argumentando que no existe ningún soporte documental ni operativo que avale ese relato.

El caso Kitchen es considerado por la fiscalía y las acusaciones populares como una muestra paradigmática del uso torticero de los aparatos del Estado para blindar a una formación política de sus propias responsabilidades judiciales. La investigación arrancó tras las revelaciones sobre los papeles de Bárcenas, que apuntaban a una contabilidad paralela del PP con donaciones irregulares y pagos en negro a dirigentes del partido.

Con el juicio oral cerrado, corresponde ahora a los magistrados de la Audiencia Nacional valorar las pruebas practicadas y las conclusiones de las partes para determinar si los acusados cometieron los delitos que se les imputan, entre ellos revelación de secretos, cohecho y pertenencia a organización criminal, según los cargos sostenidos por las acusaciones.