Ocho días después de la entrada masiva registrada el 30 de julio, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que permanecen en el territorio —una estimación que cuadruplica como mínimo la que maneja el Gobierno central, fijada en torno a 2.500—. La contradicción numérica no es un detalle menor: condiciona directamente la dimensión de los recursos necesarios y la gravedad de la respuesta institucional exigible.

Vivas hizo estas declaraciones tras presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno convocada para evaluar la situación. En ella, el dirigente ceutí rechazó categóricamente que quepa hablar de normalidad y describió un escenario de miles de personas sin techo y sin necesidades básicas cubiertas, distribuidas por calles, barriadas, montes y playas de la ciudad. A su juicio, esa realidad está generando inseguridad y deteriorando la convivencia.

El Tarajal como única salida: retorno a Marruecos o riesgo de efecto llamada

La posición de Vivas no deja margen a la ambigüedad: la única vía de salida a la crisis pasa por el retorno de los llegados a través de la frontera del Tarajal. El presidente fue explícito al advertir que quienes permanezcan en Ceuta no obtendrán documentación ni acceso a la península, en un mensaje dirigido tanto a los propios migrantes como al Ejecutivo central. Su argumento es de fondo: si los retornos no se producen con rapidez y contundencia, quedará instalada una expectativa que incentivará nuevas llegadas masivas, comprometiendo la estabilidad futura de la ciudad.

Para hacer operativos esos retornos, Vivas reclama al Gobierno que refuerce los medios humanos y materiales destinados a extranjería, de modo que los trámites puedan resolverse con la mayor celeridad posible. No se trata, según el presidente, de una respuesta desproporcionada, sino de ajustar los recursos a la escala real del problema.

Mil agentes y blindaje de frontera: las dos exigencias concretas al Gobierno

Más allá de los retornos, Vivas formuló dos peticiones específicas. La primera: un despliegue extraordinario de al menos un millar de efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil, que a su entender transmitirían seguridad a la ciudadanía y darían una señal de presencia estatal proporcional a la gravedad del momento. El propio presidente reconoció la labor de los cuerpos ya desplegados —incluido el Ejército—, pero señaló que los propios agentes admiten una situación de precariedad en cuanto al número de efectivos.

La segunda exigencia apunta al control de la frontera. Vivas subrayó que la línea divisoria entre España y Marruecos —y por extensión, la frontera exterior de la Unión Europea— no puede estar supeditada a las decisiones de un tercer país. Reclamó que España recupere el pleno control de ese punto y mantenga el despliegue del Ejército como garantía de que una crisis de esta magnitud no pueda repetirse. La referencia implícita a lo ocurrido en mayo de 2021, cuando la apertura unilateral de Marruecos permitió el paso de más de ocho mil personas en un solo día, sobrevolaba todo el discurso.