El PSC afronta las elecciones generales del 29 de noviembre como primera fuerza en Catalunya según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de octubre de 2026, que le atribuye entre 18 y 19 diputados, prácticamente los mismos que obtuvo en julio de 2023. Sin embargo, el Govern de Salvador Illa arrastra una legislatura marcada por cinco grandes conflictos en los servicios públicos catalanes que dificultan exhibir un balance de gestión positivo de cara a los comicios.

En las anteriores elecciones generales, los socialistas catalanes lograron 19 de los 48 escaños en juego en Catalunya con más de 1,2 millones de votos, consolidándose como la primera fuerza del territorio y aportando un volumen decisivo a las mayorías parlamentarias que sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa. La fotograma electoral, pues, no ha cambiado sobre el papel. Lo que sí ha cambiado es el peso del historial de gestión que acumula el ejecutivo autonómico socialista desde que tomó posesión en 2024.

El accidente de Gelida y el deterioro crónico de Rodalies

El frente más visible es el ferroviario. El 20 de enero de este año, el derrumbe de un muro de contención sobre las vías provocó el descarrilamiento de un convoy de la línea R4 a la altura de Gelida, con el resultado de un maquinista muerto y 41 heridos. El accidente obligó a suspender durante dos días toda la circulación ferroviaria en Catalunya. Lejos de ser un hecho puntual, el siniestro se produjo sobre una red que acumula años de retrasos, limitaciones de velocidad y falta de inversión reconocida por las propias administraciones. Tras el suceso, los maquinistas convocaron una huelga y los usuarios han protagonizado varias movilizaciones de protesta.

La dimisión de Trapero y la infiltración en una asamblea de docentes

El Departament d'Interior, dirigido por Núria Parlon, tampoco ha escapado a la turbulencia. En septiembre, Josep Lluís Trapero dimitió como director general dels Mossos d'Esquadra tras dos años en el cargo y varios meses de tensiones internas sobre la gestión del cuerpo y los cambios en su cúpula directiva. Aunque la consellera habló de decisión personal, la renuncia se produjo en un contexto de discrepancias internas notorias. A ello se sumó la revelación de que dos agentes de los Mossos habían sido infiltrados en una asamblea de docentes que preparaba movilizaciones, un episodio que generó la indignación unánime de la oposición y de los sindicatos educativos. En paralelo, varios homicidios vinculados al crimen organizado en Barcelona han devuelto la seguridad ciudadana al primer plano del debate político.

El caos en la adjudicación de plazas docentes y el fiasco de las pruebas PISA

El Departament d'Educació, encabezado por Esther Niubó, protagonizó en julio de 2025 un error de envergadura en la adjudicación de destinos para el curso siguiente: entre 800 y 900 plazas docentes habrían sido asignadas de forma incorrecta, lo que obligó a paralizar y repetir el proceso afectando a decenas de miles de profesionales. Poco después llegó otro golpe: los resultados catalanes de las pruebas PISA de 2025 no pudieron compararse con otros territorios ni con ediciones anteriores porque el 23,2% de los alumnos seleccionados quedó excluido de las pruebas, cuando el límite recomendado por la OCDE es del 5%. El escándalo costó el cargo a la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, y derivó en la apertura de tres expedientes disciplinarios. Los sindicatos del sector llevan meses manteniendo movilizaciones por mejoras salariales y más recursos.

Huelga médica indefinida desde el 28 de octubre

El último frente en abrirse es el sanitario. Metges de Catalunya inició el 28 de octubre una huelga indefinida de médicos y facultativos, que el colectivo ha decidido mantener en Catalunya con independencia de la evolución de la protesta en el resto del Estado. La movilización se suma a la crisis de la antigua DGAIA —la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència—, que el artículo también cita entre los conflictos pendientes de resolución del ejecutivo socialista.

El resultado es un PSC que llega al 29-N con una posición electoral sólida según las encuestas pero con un balance de gobierno en la Generalitat que sus rivales utilizarán como argumento central durante la campaña.