El Parlament de Catalunya ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Junts para establecer un salario mínimo de referencia catalán situado en torno a los 1.400 euros mensuales. La iniciativa prosperó en el pleno después de que PSC y Comuns retiraran las enmiendas a la totalidad que habían presentado, aunque ninguno de los grupos que votó a favor lo hizo sin matices: ERC, Comuns y el PSC advirtieron de que el texto actual deberá cambiar sustancialmente durante el trámite en comisión.

El diputado de Junts Joan Canadell justificó la propuesta en el mayor coste de la vida en Catalunya respecto a otras comunidades. Para el sector privado, el salario actuaría como referencia negociada a través de la negociación colectiva; para la Administración catalana y los contratos públicos de la Generalitat, la aplicación sería directa. Sin embargo, la competencia para fijar el salario mínimo legal con carácter obligatorio es exclusiva del Estado, lo que limita el alcance real de la medida.

PP y Vox mantienen su rechazo por razones opuestas a Junts

La diputada del PP Míriam Casanova consideró que Catalunya no necesita un salario escaparate sino atajar su absentismo laboral y mejorar las condiciones de las concesiones públicas para que las empresas puedan retribuir mejor a sus trabajadores. El PP había presentado una enmienda a la totalidad que finalmente no prosperó.

Desde Vox, el diputado Javier Ramírez fue más allá de la cuestión competencial: criticó que Canadell hubiera afirmado durante su intervención que «Cataluña no es Extremadura», al entender que esa frase implica establecer una distinción entre «españoles de primera y de segunda».

Los socios del 'sí' advierten de que el texto no es aceptable tal como está

Pese a votar a favor de la tramitación, el republicano Jordi Albert reprochó a Junts que la proposición no ofrece seguridad jurídica ni obliga a nadie, y alertó de que el mecanismo de ayudas previsto para que las empresas afronten la subida acabaría recayendo en la propia Generalitat. ERC anunció que impulsará cambios de fondo durante el debate en comisión.

El diputado de Comuns Lluís Mijoler fue aún más explícito: pidió a Junts que retirara la proposición para negociar desde cero un texto pactado entre el Govern y los sindicatos, y advirtió de que su voto no debía interpretarse como un aval al contenido. La socialista Conchi Jiménez señaló que, tal como está redactada, la norma solo crea una «referencia» sin efectos vinculantes para el sector privado, mientras que en los ayuntamientos dependería de la voluntad de cada consistorio.

El texto pasa ahora a ponencia en comisión parlamentaria, donde deberá superar las objeciones de los grupos que lo apoyaron con condiciones antes de que pueda tener alguna posibilidad de prosperar.